Cuestionable reapertura del aeropuerto de Chimoré

El pasado 10 de marzo fue reabierto el aeropuerto de Chimoré y, supuestamente, sin la autorización del Ministerio de Obras Públicas; según versiones del propio ministro Montaño, instruyó un informe a los responsables y habiendo transcurrido más de 10 días, aún no le responden. El mismo básicamente debe contener las siguientes preguntas. ¿Quién autorizó el reinicio de operaciones?, sin haber llenado los requisitos básicos para el funcionamiento; ¿Cuál fue el fin del reinicio de operaciones? ¿Cuántas operaciones aéreas se realizaron, líneas aéreas, públicas y/o particulares, nacionales y/o extranjeras?, ¿qué personal operó en el aeropuerto? Como FLCCN, FELCC, INTERPOL, ADUANA y otros, también se debe conocer el flujo de pasajeros nacionales y/o extranjeros, así como el tipo de carga de salida y/o entrada. Sea cual fuera la respuesta, este es un acto totalmente irregular e ilegal, por cuanto se vulnera normas del Derecho Aeronáutico y los protocolos de la aviación civil nacionales e internacionales.

Lo sensible y delicado de este acto irregular es el atentado contra la seguridad del Estado, además de poner en riesgo la seguridad de las personas, la aviación y las propias instalaciones aeroportuarias; poniendo en duda una probable violación del territorio, el espacio aéreo nacional, y la soberanía nacional en general. Por cuanto el aperturar y/o reiniciar actividades de un aeropuerto obviando pasos de las normas establecidas por la aviación civil internacional (OACI), la aviación nacional (DGAC), la administración de aeropuertos y servicios auxiliares de navegación aérea (AASANA), equivale al reinicio de actividades clandestinas, proclives a las amenazas más graves que acechan a todos los Estados, como: el narcotráfico, el tráfico de armas, ingreso y salida ilegal de personas, de logística, material sensible, y toda actividad al margen de la ley.

Entonces esa reapertura anormal nos obliga a preguntarnos, ¿por qué se reinician las operaciones aéreas y terrestres en el aeropuerto de Chimoré, sin una supuesta autorización? Al respecto también vale la pena hacer la siguiente analogía: Si un jefe militar no sabe lo que hace una de sus unidades en la frontera, está perdido, y la seguridad del Estado estaría en manos no idóneas. Este es el mismo caso, y lo grave es que los responsables no responden oportunamente a la orden que evacuó el Ministro de Obras Públicas. ¿Hay pérdida de autoridad del ministro? ¿el ministro sabe lo que ocurrió?, o ¿a modo de finta pide informe?

Sin ser pesimista, podría ser otro de los casos que nunca son aclarados. Para evitar que ello ocurra, la Contraloría General del Estado debe intervenir e iniciar una investigación sin perjuicio de que se organice una comisión parlamentaria para investigar, establecer la verdad y determinar responsabilidades y luego, si el caso amerita, pasar a la jurisdicción ordinaria para definir grados de responsabilidad en todos los niveles que correspondan, comenzando por las autoridades a nivel nacional y regional del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Transportes, DGAC, AASANA, y otros. Finalmente, según lo declarado por el Director de AASANA, habría que preguntarle ¿cuál es el fin de realizar acuerdos con al menos OCHO empresas o escuelas internacionales para formar aviadores civiles en Chimoré?

Jorge Santistevan Justiniano, abogado-docente universitario.