En 2019-2021 dos mujeres administraron el poder tortuoso en Bolivia

La Constitución Política del Estado establece en el Art.15.II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Art.116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Art. 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.

La Ley 160/2019-2020, Ley Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de autoridades Electas, formulada por Mónica Eva Copa Murga, presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, avala a las dos mujeres para administrar el poder en Bolivia, de 2019-2021.

El vocero presidencial Jorge Richter aseguró en noviembre de 2019 que la designación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria de Bolivia “ha sido legal, basada en el principio de la sucesión constitucional y continuidad, donde los actos del ejecutivo no pueden tener pausas y el Estado tiene que seguir funcionando” (P7). Y ahora Richter responsabilizó a la OEA de propiciar el supuesto “golpe de Estado” y además justificó las aprehensiones y encarcelamiento de Añez y sus exministros, porque se busca “generar justicia”.

El gobierno de Arce sigue los pasos del cocalero autoritario y arremete contra una mujer, como la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, cuyo único pecado fue ser la Segunda Vicepresidenta del Senado que, para evitar el vacío de poder en Bolivia, tuvo que asumir el mandato constitucional. Y si cometió algún delito, debió ser citada para escuchar su declaración, como manda el Art.116.I de la CPE y el Art. 117.I. y, además, NO puede ser juzgada en dos instancias por los mismos hechos, porque es una aberración jurídica.

En su carta pública, Jeanine denuncia que fue aprehendida por un “centenar de policías armados hasta los dientes” (como si fuera una delincuente prontuariada), “asevera que asumió para pacificar Bolivia”, torturaron a sus sobrinos, “dijeron que no tiene casa, cuando estaba precintada su casa”, a sus hijos no les dejan ingresar ni a recoger su ropa, “no tienen ninguna prueba de terrorismo, ningún antecedente policial, no dejan que me vean médicos independientes del gobierno”, no hicieron caso a una “orden judicial que instruye se realice el traslado inmediato a una clínica, para verificar mi estado de salud, no confío en los médicos del gobierno porque son parte del sistema de abuso y represión y están dispuestos arriesgar mi vida, inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones ni estudios previos, solo con el fin de mantenerme en sus celdas, si pasa algo con mi salud responsabilizo a: Luis Arce, Eduardo Del Castillo, Johnny Aguilera, Iván Lima y autoridades del régimen penitenciario” (Laura me hostiga).

Jeanine solo cumplió con la Constitución, los que deben estar en la cárcel son los que la incumplieron, como Evo Morales, Álvaro García, los ex ministros de Evo y todos los ex parlamentarios, que estuvieron en el poder desde 2006 a 2019 y los ex servidores del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral.

La ex diputada masista Patty, que recibió 1.400.000 Bs por dos proyectos FANTASMAS, tuvo el descaro de denunciar por “golpe de Estado” a Jeanine Áñez, cuando aprobó la prórroga de mandato por sucesión constitucional. Por tanto, si creen que hubo fraude, entonces toda la gestión de Jeanine, Eva Copa y Sergio Choque debe ser ANULADA, incluyendo las elecciones de 2020 y 2021.

El gobierno de Arce con sus vasallos está generando convulsión e impulsan el AUTOGOLPE, para que Arce y Choquehuanca renuncien, suba el cocalero Andrónico para habilitar el retorno del cocalero Morales y gobierne hasta 2025, lo que representaría caos jurídico para anular dos gestiones presidenciales con resultados proclamados por el TSE.

Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.