Tariquía, nuestra área protegida, por ningún político fue defendida

Ni unos ni otros, ni a los del MAS-IPSP ni a los demás les interesan las áreas protegidas cuando están en función de Gobierno, y pese a la lucha del pueblo boliviano para defender nuestro patrimonio natural y cultural, para protegerlas. Pese a estar constitucionalizada su protección, se las sigue vulnerando por los gobiernos de turno.

- El pueblo boliviano pidió Asamblea Constituyente para proteger las áreas protegidas, para que los recursos naturales sean de los bolivianos y bolivianas y no del “Estado”, porque en nombre de “Estado” todos los presidentes hicieron lo que quisieron con nuestra madre tierra.

- En la Asamblea Constituyente se constitucionaliza que es deber de todo boliviano y boliviana proteger y defender los recursos naturales y un medio ambiente adecuado (Art. 108, numerales15 y16 de la CPE), que es función del Estado a través del poder público (Art. 12.I de la CPE) promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, con la conservación del medio ambiente (Art. 9, numeral 6 de la CPE), que comete traición a la Patria quien viole el régimen de los recursos naturales (Art. 124.I, numeral 2 de la CPE), y que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, imprescriptible del pueblo boliviano (Art. 349.I de la CPE), no de los gobernantes de turno.

- Y en relación con las áreas protegidas, se fue claro en la Constituyente, que “constituyen un bien común y forma parte del patrimonio natural y cultural del país. (Art. 385.I de la CPE).

- Y de ahí que se estableció la institución de defensa, dándole el poder al Procurador o la Procuradora que tiene el deber de defender el patrimonio del pueblo boliviano y no a los mandatarios de turno. Por ello, la Procuraduría General del Estado tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado (Art. 229 de la CPE) y es su función defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado (…) en resguardo de la soberanía, de los bienes, del patrimonio e intereses del Estado (Art. 8 de la Ley 64). Por lo tanto, es su deber y su función asumir la defensa judicial y extrajudicial de las áreas protegidas, porque son patrimonio del país.

En los hechos no es así, y para demostrar ello, como prueba, el 26 de noviembre de 2019, a los pocos días de que asumió el gobierno Jeanine Áñez, presenté el memorial solicitando al nuevo Procurador General del Estado que asuma la defensa de las áreas protegidas y abrogue el Decreto Supremo N 2.366 que ordena la exploración y explotación de todas las áreas protegidas, porque es el decreto que permite la suscripción de los contratos y el ingreso de la petrolera a Tariquía.

La copia del memorial fue presentado al Comité Cívico, al ex Ministro de Hidrocarburos, a la Ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Áñez, pero JAMÁS respondieron, les pedí que se sumen a mi solicitud de defensa, y pese a que el Procurador era de su misma línea política, jamás dijeron algo, peor, la Procuraduría ni respuesta me dio en más de un año.

Como ganó el MAS-IPSP, lo primero que hizo el nuevo Procurador del Estado, ex asesor de Evo Morales, es rechazar la solicitud de defensa de las áreas protegidas, señalando que no “es posible atender su denuncia” (nota PGE-DESP-SPDRLE-DGDDHMA No 001852), respuesta que era lógica ya que quien había promulgado el decreto supremo fue Morales, su ex cliente, y porque además de la abrogación se pedía que se inicie proceso penal por traición a la Patria al ex presidente y a los ex ministros.

De manera que a quienes están utilizando el tema de TARIQUÍA para hacer campaña, que no sean hipócritas, que no sigan mintiendo a nuestro pueblo con sus caras de defensores de la democracia, de defensores de Tarija, de defensores de TARIQUÍA, mentira similar al tema autonómico, pues jamás presentaron una propuesta real sobre autonomía departamental en la Asamblea Constituyente, pero se siguen vanagloriando.

Porque en los hechos han gobernado con Áñez, y no hicieron lo que debieron hacer, no abrogaron el DS 2.366, teniendo la posibilidad de hacerlo porque no estaba el MAS-IPSP gobernando, no necesitaban más que voluntad de defender nuestras áreas protegidas. Y a los que son del MAS-IPSP, que en la campaña señalan que defenderán Tariquía, para obtener votos, los desafío a que, como tienen el poder de hacerlo, que abroguen el DS 2.366 y sobre la base de ello anulen los contratos con la petrolera, aunque ya demostró el presidente Arce en Chiquiaca que no tiene intención de retroceder en la exploración, dado que no quiso firmar el acta que una activista que defiende Tariquía le pidió que lo haga.

Así que pido a ambos candidatos a la Gobernación, dejen de mentirnos.

La autora es ex asambleísta Constituyente.