Defensa de aguas del Silala asume ciudadano de a pie

Con el título “Alegatos en La Haya sobre las aguas del Silala”, el investigador y economista Milton Lérida Aguirre ha puesto en circulación uno de los libros más importantes, o tal vez el más importante, en defensa de las aguas bolivianas del manantial de la cuenca del Silala, localizadas en la frontera entre Chile y Bolivia, en el departamento de Potosí. El texto aclara el origen del problema y descubre el carácter del mismo. Para confirmar sus aseveraciones, concluye añadiendo al texto importantes documentos, incluyendo la demanda de Chile ante el Tribunal de Justicia de La Haya sobre las aguas de ese bofedal.

El libro señala los antecedentes del asunto que se originó en un contrato, firmado el año 1908, de concesión de las aguas del Silala, entre la Prefectura de Potosí y la empresa The Antofagasta (Chile) and Bolivian Railway Company Limited. Entra en materia y enseguida de analizar los alcances de ese contrato, destaca que no se trata de un convenio entre el Estado boliviano y el Estado chileno, ni mucho menos, sino entre el Estado boliviano con una empresa privada. El contrato autoriza que la empresa chilena capte y construya canales para llevar aguas hacia territorio chileno, por medio de canales de piedra y túneles, con el objetivo específico de proveer agua a las locomotoras de la empresa chilena. Remarca enseguida que en el contrato no intervino el gobierno chileno.

Sobre la base de esas premisas, Milton Lérida subraya que la cuestión tiene carácter de Derecho Internacional Privado y está limitado al Estado boliviano y la empresa privada Bolivian Railway y, de ninguna manera, entre los Estados de Bolivia y Chile, argumento, éste último, que utilizó al gobierno chileno para presentar una demanda sobre las aguas del Silala ante la Corte de Justicia de La Haya, donde se tramita el caso y está a la espera de solución.

Ante todo, este libro desmenuza el texto de la demanda chilena y remarca que no existe materia justiciable entre los Estados de Bolivia y Chile y, en vista de que no existe ningún convenio o acuerdo entre los dos Estados, subraya, en particular, que los poderes legislativos de Bolivia y Chile en ningún momento participaron en convenio alguno sobre las aguas del Silala.

Con esos argumentos, el libro subraya que la demanda chilena no debió haber sido aceptada por la Corte de La Haya, porque la controversia, según el contrato de 1908, no es entre los Estados de Bolivia y Chile y, por tanto, corresponde a otra jurisdicción y competencia, o sea es un tema de Derecho Privado.

Milton Lérida sostiene que el gobierno de Evo Morales no atendió la demanda chilena ante La Haya y debe ser objeto del enjuiciamiento adecuado, pues, debió haber realizado la objeción respectiva indicando que no acataría ninguna resolución porque el problema no es entre dos Estados, sino entre el Estado boliviano y la empresa privada chilena. Agrega que el Parlamento boliviano debe sancionar una ley que desconozca todas las actuaciones y obrados del gobierno de Morales e inicie de inmediato un juicio a la empresa ferroviaria chilena, para demostrar a los jueces de La Haya que Bolivia únicamente tiene pendiente el problema con la empresa privada y no con el Estado chileno. En pocas palabras, se demostraría que las aguas del Silala no son río internacional y su desvío fue obra de la mano del hombre. Por consiguiente, el problema se debe resolver con la empresa ferroviaria privada y nada tiene que ver el gobierno chileno, evitando, así, caer en la trampa de los diez centavos de 1878, que originó la invasión y usurpación chilena al Litoral boliviano.

El valioso alegato de Milton Mérida insiste en que el gobierno boliviano debe iniciar de inmediato juicio a la Bolivian Railway, hacer conocer a La Haya que no reconocerá ninguna resolución mientras no concluya el juicio de Bolivia a la empresa ferroviaria con la que se firmó el contrato y el Estado Plurinacional actual asuma la responsabilidad histórica que le corresponde, así como reitera el pago por el uso de las aguas bolivianas del Silala que utiliza Chile en proporción de 450 litros por segundo, en forma gratuita, desde hace más de cien años y que las vende a su población.

Finalmente, solo se podría comentar que la defensa del país se encuentra en manos de ciudadanos privados --como confirma el valioso libro de Milton Mérida-- y que el Estado Plurinacional no cumple esa ineludible función, siguiendo una costumbre centenaria e ideologías exóticas.