El país está empobrecido como consecuencia de la caída de los commodities en el mercado internacional. El hecho implicó la reducción de los ingresos públicos. Ante esta realidad, el gobierno aumentó la deuda externa para financiar sus gastos. E inclusive para entregar bonos en tiempo de pandemia. En 2006, en circunstancias que los azules asumían el Poder, la deuda externa sumaba 2.000 millones de dólares y el 2019, cuando lo abandonaron, había subido a 11.067 millones de dólares.
Se encuentra, por lo visto, sin posibilidades, para encarar trabajos de magnitud. Al extremo que gobernaciones, municipios y universidades tendrán que lidiar con presupuestos recortados, para encarar nuevas obras, durante la presente gestión. El tiempo de las vacas flacas obliga, ciertamente, a sobrevivir con limitaciones. “No estamos abriendo nuevos proyectos, precisamente por falta de recursos económicos”, sostuvo, hace poco, el gobernador Félix Patzi (EL DIARIO, 27 de marzo de 2021). El departamento de La Paz ha sufrido una reducción de 70 millones de bolivianos en el presupuesto del Plan Operativo Anual para la gestión 2021.
El país requiere, en este marco, una urgente inyección económica, no sólo para mantener la planta burocrática, que sobrepasa los 300.000 empleados públicos, sino para extender carreteras, lo que no hizo hasta ahora ningún gobierno de derecha o izquierda, a los rincones más ignotos del territorio patrio, a fin de plasmar la integración nacional, tan anhelada en todos los tiempos. Que unan el oriente, con el occidente y sudeste boliviano, sentando soberanía, muy al margen de la vía troncal. Con puentes sobre los ríos más caudalosos, que permitan a los productores llegar a los centros de abasto urbanos. Que los docentes rurales no se encuentren varados, en épocas de lluvia, sin poder llegar ni retornar de sus puntos de destino. Que la electricidad llegue a la última choza. Que se multipliquen las unidades educativas y los centros de salud por el bien común.
La Patria, fundada hace 196 años, reclama, en ese entendido, el concurso de sus hijos, que suman alrededor de once millones, para salir adelante, ejecutando obras estructurales, que signifiquen pasos decisivos hacia el desarrollo.
Esa es la perspectiva que deberían asumir gobernantes y gobernados, oficialistas y opositores, empresarios y trabajadores, en tiempos de crisis económica y emergencia sanitaria. Y evitar de enfrascarse en problemas menudos y domésticos, que no hacen otra cosa que empañar la imagen de la Democracia boliviana. Ella que fue recuperada, hace aproximadamente cuarenta años, con dolor, con llanto y sangre. No es poca cosa, por cierto.
El empresariado privado, pese a los problemas que confronta y en coordinación con las instituciones públicas, tendría que hacer fuertes inversiones, primero para secundar aquellos proyectos y segundo para crear fuentes de empleo, pero siempre y cuando haya seguridad jurídica. Y la voluntad política, en particular, del régimen de turno. No olvidemos que va creciendo, a raíz del virus de origen chino, el número de desocupados en el país. Un aspecto que habría que aminorar, lo más antes posible.
En suma: es el momento de deponer intereses mezquinos y trabajar, sin suspicacias ni cálculos políticos, por el bien común.
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