Siniestro advierte a las universidades

Las universidades públicas tienen condiciones favorables para el mejor cumplimiento de su labor formativa, pero no todas las aprovechan o las distraen. Esto no ha salido a luz en la medida que debe serlo con motivo del siniestro ocurrido en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Las disputas entre estudiantes por el manejo de recursos que derivan a su control han ocasionado la caída de 12 estudiantes (jóvenes y señoritas) desde un piso alto de la sede, muriendo siete y quedando cinco en mal estado, cuando grupos enfrentados sostenían un pugilato. Sin duda, es una terrible tragedia.

Estas Casas de Estudios Superiores se rigen por la autonomía universitaria desde 1930, que introdujo el gobierno paritario por el cual el estamento docente y el estudiantil regentan el 50% del poder cada uno en las universidades. Esto, hasta donde se sabe, rige en el resto de dichas universidades. No así en la UPEA, donde se aplica el “voto universal”, de suerte que el número de estudiantes (se dice unos 50.000) es infinitamente mayor que el de los docentes. Ello lleva a suponer que las decisiones y el manejo económico dependen de los estudiantes o de sus representantes.

De ahí arrancan los acuerdos por los que los docentes se ven obligados a pactar con sus estudiantes, dando lugar a la existencia de grupos de presión mixtos que no siempre imprimen medidas saludables a la formación. El sistema autonómico viene acompañado de un exagerado electoralismo. En efecto, se elige por voto universal al rector, decanos, jefes de carrera, etc. También para la FUL, los centros de estudiantes y distintos representantes. Prácticamente son los estudiantes los que definen estas elecciones.

La “madre del cordero” de la corrupción deriva sobre todo de la existencia de becas económicas o en metálico para el sector estudiantil, asignadas por las dirigencias del mismo sector. Las becas se las tranza por votos y apoyos a candidatos, perpetuación de dirigentes, sin tener en cuenta si se trata de repitentes reiterados o adultos y mayores de muchos años de vida. No se descarta influencias sobre calificaciones o promociones de curso, etc. Este drenaje económico resta recursos a tareas mucho más propias, como lo académico, la investigación, la producción de conocimientos y otros.

Después del desgraciado siniestro, el Consejo de la Universidad Boliviana (CEUB) --ente al parecer muy contemplativo-- sólo emitió un comunicado en el que se declara únicamente como respetuoso de las reglamentaciones de las universidades. El CEUB debería asumir un papel ordenador y supervisor que pueda trascender lo burocrático. A su vez la Contraloría General del Estado detiene toda su acción por la Autonomía Universitaria.