Golpe de costado

El gobierno de Luis Arce, empujado seguramente por el jefe de su partido Evo Morales, viene tratando de imponer en el imaginario colectivo la idea de que el 2019 en Bolivia hubo golpe de Estado.

Tal idea, apoyada por varios activistas que se declaran de izquierda, penosamente sustentan su apoyo únicamente en argumentos leguleyos, desprovistos de un análisis profundo de la realidad social, económica y política de nuestro país.

Me refiero en concreto a que Evo Morales desde el inicio de su mandato se declaró socio de las transnacionales, entiéndase servil a los intereses de estas grandes empresas en nuestro país: petroleras como Repsol, Total y mineras como Sumitomo o Coeur Mining, situación que se fue concretando progresivamente a lo largo de sus tres gestiones en el poder, algo ya fuera de la norma constitucional. Evo Morales y el MAS resultaron ser el mejor gobierno a favor de la burguesía minera, bancaria y agropecuaria del oriente. En la mayor época de bonanza que tuvo nuestro país, a lo largo de toda su historia y con pequeñas dádivas otorgadas a los oprimidos del campo y de la ciudad, amainaba la rebelión social, dividía a los sectores, compraba a la dirigencia servil con regalos y privilegios o actuaba brutalmente contra los que no se sometían, persiguiendo y encarcelando sin misericordia a indígenas, dirigentes y trabajadores en general.

Algunos, faltos de memoria, piensan que, en el gobierno de Jeanine Áñez, se cerró Enatex, Correos y otras entidades, echando a miles de trabajadores a las calles, se incendió la Chiquitania para favorecer a los agroindustriales, se les negó el pago de un bono miserable de Bs. 500 a los discapacitados, se intervino sindicatos y se coparon todas las instituciones y organizaciones posibles. No… eso lo hizo y lo hace el MAS (ahora con Adepcoca). Sí, todo esto fue obra del supuesto gobierno indígena y falso socialista encabezado por Evo Morales.

Por eso, en lugar de hablar de golpe de Estado, prefiero hablar de un golpe de costado, pues fueron sus socios en el poder, es decir, la oposición funcional al régimen, la que, en una suerte de viveza criolla le arrebató la silla presidencial a quien quería abiertamente eternizarse en el poder, pisoteando leyes, la Constitución Política del Estado e incluso el resultado de un Referéndum. Por eso, resulta un descaro de los impostores masistas que ahora se reclamen respetuosos y defensores de las normas. ¿No era acaso Evo Morales quien decía que si la ley no nos sirve hay que meterle nomás, al margen o en contra de la ley?

Pero además cabe la pregunta ¿Cuál fue el cambio significativo que introdujo el gobierno de Áñez respecto al de Evo Morales en materia de leyes, políticas y acciones en el manejo de la cosa pública? Pues, ninguno. Ambos gobiernos responden a las órdenes y directrices de los grandes potentados económicos asentados en nuestro país. El gran cambio con el supuesto golpe de estado, para ser sarcástico, fue que Áñez utilizaba el avión presidencial para hacer pasear a su hija y que a Evo le quitaron el “derecho humano” de pasear a sus “novias”, muchas de ellas, se dice, menores de edad, en ese mismo avión presidencial. Miren, ustedes, qué gran cambio se produjo luego del supuesto golpe de Estado.

Otras cosas son las persecuciones, asesinatos, encarcelamientos ilegales y masacres que realizaron Evo Morales y Jeanine Áñez. Desde golpear, amarrar y arrastrar como animales a los indígenas del Tipnis en Chaparina, las muertes en Caranavi y en varios lugares más a manos de francotiradores, la masacre de mineros cooperativistas, el asesinato de Jonathan Quispe de la UPEA, las masacres de Sacaba y Senkata, así como otras persecuciones, encarcelamientos injustos, muertes de civiles y policías en medio de los tantos conflictos sociales.

Por todos estos crímenes sí es necesario que Jeanine Áñez y Evo Morales estén sentados en el banquillo del acusado y que, con un tribunal probo e independiente, que en este momento no tenemos, se haga justicia y no se deje en la impunidad a los causantes de tanto luto y dolor.

Mientras el gobierno de Luis Arce parece apostar al divisionismo y confrontación entre bolivianos y frente a nuestros órganos de justicia prostituidos y manipulados por el poder de turno, creo que sería recomendable recurrir a órganos internacionales para contar, al menos, con tribunales independientes, que efectivamente garanticen una sentencia ajustada a las leyes y nos permitan, en contra de los afanes del gobierno, pacificar el país. Será esta u otra salida, pero está claro que sin equidad y sin justicia no habrá paz.

Federico Zelada Bilbao es economista, docente de la UMSA y ex rector de la UPEA.