Los varios asambleístas del populismo masista en el gobierno, repiten al unísono ciertas ideas originadas en otro órgano del Estado, como eso de la no injerencia política en el Órgano Judicial, cuando todos sabemos que es lo contrario.
Ahora están repitiendo el argumento de que las opiniones condenatorias el régimen sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, sus colaboradores y ex jefes militares y policiales, acusados de terrorismo, sedición y otros delitos, en el inexistente golpe de Estado al gobierno inconstitucional de Evo Morales, expresadas por varios presidentes de países de la región y personalidades de organizaciones internacionales, son una “injerencia en asuntos internos del Estado Plurinacional”.
Resulta que, en materia de Derechos Humanos, cualquier reclamo o demanda de observación de estos derechos, no son de ninguna manera “injerencia”, pues los derechos Humanos son una categoría de derechos del más alto nivel jurídico, pues además de su carácter de Derechos Universales, es decir de vigencia y aplicación en todo el mundo y en consecuencia de carácter internacional, tienden a preservar los más importantes derechos de los individuos, allá donde estén.
Los Derechos Humanos como categoría jurídica, responden a su calidad internacional, pues son derechos que asisten a todos los seres humanos, sin exclusiones ni distinciones de alguna naturaleza, sea de nacionalidad, origen, sexo, residencia, religión, lengua o cualquier otra condición, es decir son derechos que alcanzan a todo ser humano por sólo el hecho de serlo.
Estos derechos están contemplados en normas de carácter internacional y nacional, son denominados universales y establecen obligaciones para todos los Estados y gobiernos, que tienen la obligación de precautelar, promocionar y proteger los Derechos Humanos en todo territorio. Estos derechos comprenden las libertades fundamentales de los individuos, los derechos políticos, sociales, culturales y civiles, pero cuyo contenido trasciende las fronteras de los países, de donde se infiere que se los debe respetar en todo el orbe planetario.
Si bien toda la gama de derechos es para el ser humano en sus múltiples actividades y relaciones (aun los derechos de la naturaleza que incluyen a otros seres vivos), quien debe cumplirlos, pues el ser humano goza de libre albedrío. Pero los derechos del hombre o humanos, se les ha denominado así porque son del ser humano, de la persona humana, del individuo y todos y cada uno de los individuos que habitan el planeta tierra, son inherentes a la persona humana.
Su característica de ser Derechos Universales, hace referencia a que estos derechos tutelan a todos los individuos, sin exclusión alguna, en todo tiempo y lugar y le siguen como la “sombra al cuerpo”, se basan en su carácter natural, es decir devienen de la misma naturaleza humana. Ya Tomás de Aquino sostenía que la ley natural es común a todos, en cuanto a principios comunes. Estos principios de la ley natural hacen que éstas sean siempre las mismas en todo tiempo y lugar, su generalización en todo el mundo hace que los individuos se conviertan en sujetos de derecho internacional, pues ese es su alcance, es decir que tiene connotaciones de derechos internacional público.
La perorata de algunos asambleístas del régimen populista-masista, pretendiendo invalidar los pronunciamientos de voces del exterior, como “injerencia” en asuntos internos, no tiene cabida en relación con los Derechos Humanos, ya que, por el contrario, es obligación de todo gobierno y más aun de organismos internacionales, llamados a preservar estos derechos de pronunciarse y reclamar por el cumplimiento de estos derechos.
Los Derechos Humanos están sustentados en su carácter de Derecho Internacional, por la Carta de las Naciones Unidas, en América por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y otros que obligan a su cumplimiento.
El debido proceso y la imparcialidad de los juzgadores, son parte importante de los Derechos Humanos, en consecuencia, defendamos su vigencia porque es obligación de todos.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.
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