Juez rechazó pedido desesperado de protección a dos hermanas

Dos hermanas, de 19 y 20 años de edad, que desde hace más de 15 años sufren violencia de su padre, sintieron frustración tras la decisión de un juez que concedió detención domiciliaria al agresor y ahora temen por su vida, según C.A., una de las víctimas que habló con EL DIARIO.

Las jóvenes optaron por denunciar las sucesivas agresiones, privación de libertad y hostigamiento, pero en una primera instancia no consiguieron la detención preventiva de su padre y viven atemorizadas ante la posibilidad de nuevas agresiones.

Tras la decisión judicial, las hermanas solicitaron una reconsideración del arresto domiciliario, pero las audiencias fueron suspendidas en dos ocasiones.

La denuncia fue realizada en enero de 2021, ante la Fiscalía de La Paz, y rechazada por la fiscal Marisabel Rivas Rivero, después de observaciones como la falta de pruebas. Finalmente fue aceptada por una acción de libertad.

“Tengo audios, videos, un certificado médico forense, aun así no han querido aceptar mi denuncia. Mi hermana también presentó una denuncia, yo soy su testigo y tiene una entrevista psicológica del Servicio Legal Integral Municipal (Slim) y no avanza, no aceptaron la denuncia porque dice que no tiene pruebas”, lamentó.

La Fiscalía emitió tres órdenes de citación contra el denunciado, para que se presente a declarar, y a insistencia de la madre de las víctimas emitieron una orden de aprehensión. El presunto agresor declaró y fue imputado formalmente por los delitos de violencia doméstica y familiar.

En audiencia de medidas cautelares, el juez William Presbítero Rodríguez Álvarez ordenó enviar al denunciado con detención domiciliaria, sin custodio policial y arraigo.

La madre de las dos hermanas logró el divorcio precisamente por los malos tratos, el año 2005. El padre consiguió la custodia de las dos hijas después de haber apelado la decisión inicial del juez que otorgó la custodia a la progenitora. El acusado no pudo desvirtuar riesgos procesales, porque no presentó sus documentos en orden, y aún a falta de estos requisitos, según C.A., consiguió la detención domiciliaria.

“Me dicen que en 72 horas tendría que tener una audiencia por la apelación que presentamos pidiendo el cese a la detención domiciliaria y que lo envíen con detención preventiva, pero pasó más de una semana y no fijaban fecha”, lamentó la afectada.

A insistencia de las víctimas y de un grupo de personas que realizaron protestas en puertas de Juzgados, la autoridad jurisdiccional programó para las 13.30 horas del jueves 1 de abril la audiencia de apelación, pero fue suspendida, porque las jóvenes y los abogados que las patrocinan no pudieron ingresar a la sala virtual debido a un error en la dirección electrónica.

“Desde la una de la tarde estábamos tratando de entrar al ‘link’ que nos enviaron y a las 14.00 horas recién nos dan el ‘link’ correcto, cuando la audiencia ya había sido suspendida. Nos dijeron que la audiencia se había pospuesto para el 13 de abril, 13 días para que mi papá tenga tiempo de fugarse y hacernos más daño”, dijo C.A.

Por la presión de medios de comunicación, redes sociales y la gente que acudió hasta Juzgados de La Paz para pedir justicia, la audiencia fue reprogramada para el próximo martes 6 de abril.

La abogada Paola Barriga explicó a EL DIARIO que una prueba de credibilidad de testimonio realizada por un perito en psicología del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) es suficiente para acusar al progenitor, porque al haber transcurrido el tiempo, es probable que sus cuerpos no presenten heridas o golpes, pese a haber presentado videos y fotografías.

“Evidentemente los videos e imágenes no nos van a dar baja médica, pero la pericia de credibilidad de testimonio debe ser valorada, porque el sujeto se puede escapar y no va a generar más daño en sus cuerpos para evitar el proceso”, dijo.

La jurista manifestó que el Ministerio Público debe iniciar un proceso contra la fiscal Marisabel Rivas, que inicialmente rechazó el caso, poniendo en riesgo la vida de las jóvenes.

“Imaginemos cuánto les costó a las jovencitas llegar a hacer la denuncia y que encima la Fiscalía la rechazó. Lamentablemente todo el tiempo pasa esto, el momento que van a denunciar no las escuchan y luego aparecen muertas y ¿esas vidas?. Las autoridades ya conocían el caso y deberían haber trabajado de inicio”, advirtió.

En ese marco, explicó que la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, avala la libertad probatoria, esto implica que no se necesitan formalidades como un certificado médico o que la fotografía haya sido tomada por un especialista, como solía ser antes de promulgada la norma.

HUIDA DEL HOGAR

En septiembre de 2020, la joven de 19 años fue golpeada hasta quedar inconsciente, la situación empeoró; su salud física y anímica estaba en deterioro y temía otro enfrentamiento con su progenitor.

A fines de diciembre de 2020, poco después de haber sido sometida a una cirugía dental, C. A. y su hermana se encerraron en su habitación, privadas de alimentos, porque su progenitor resguardaba todo bajo llave, incluida la cocina.

Mientras permanecían encerradas, su padre intentó que firmen un documento de cinco hojas, en el que renunciaban a todos sus derechos.

“Nos dijo que deberíamos firmar; le dije que lo haría revisar con un abogado, pero se puso más violento y nos dijo: que a las buenas o a las malas firmarán. Él seguía hablando y cerramos la puerta. Ese día tuve miedo, no sabía qué nos pasaría y decidí que al día siguiente nos iríamos. Preparé mi mochila, mi hermana también lo hizo y cuando él se metió a la ducha, nos marchamos y le dejamos un video donde le decíamos: ‘pa’ nos estamos yendo porque tenemos miedo, eres muy agresivo’”, recordó.

Cuando ya estaban en la calle recordaron a una amiga de su mamá, una señora que había asistido a la graduación de la joven de 19 años, quien le dijo que la buscara en caso de necesidad.

“Más bien la señora estaba en el lugar donde podía encontrarla, me dio dinero. Yo rompí el chip de mi celular porque como mi papá es ingeniero en sistemas, muchas veces nos rastreó. Nos quedamos incomunicadas y sin ningún contacto con mi mamá, pero gracias a Dios nos buscó y dos días después nos encontró y ahora estamos con ella”, relató.

La joven relató que desde los cinco años fue violada por uno de sus primos; al inicio ella creyó que era normal, pero cuando se dio cuenta que era un delito, le avisó a su papá, quien no le creyó y le dijo que si realmente pasó fue porque se lo “merecía porque se parece a su mamá”.

“Tengo mucho miedo de hacer esa denuncia porque la mamá de mi primo es trabajadora social y todo el tiempo me amenazaba de que tenía contactos en Chonchocoro y que haría que violen a mi hermana, que le haría matar a mi mamá y mis abuelos. Por miedo no denuncié aún”, dijo.

ATENCIÓN DE OFICIO

La abogada Barriga explicó que en casos de violaciones corresponde la atención de oficio de la Fiscalía.

“En el caso de trata de personas y violaciones, lo que corresponde es la persecución de oficio. En este caso, el Fiscal de Distrito debería tomar las riendas del proceso y hacerlo comparecer al violador, antes de que se escape”, dijo.

Refirió que en los casos de violación la víctima es siempre amenazada, “si es que no las asesinan”.

Al ser amenazadas –dijo– evitan que denuncien, por eso a través de un proyecto de ley pidió que este delito no prescriba.

“A veces te dicen ya han pasado diez años, el delito ha prescrito y ya no es delito, cuando ya le han destruido la vida. Existen miles de elementos alrededor de estas muchachas que son violadas”, refirió.

Este medio solicitó la versión de la Fiscalía y del Órgano Judicial, pero no hubo respuesta. A través de la institución educativa señalada como fuente laboral del imputado se solicitó una versión de la contraparte, pero no respondieron a la petición.

El Ministerio de Justicia informó ayer que, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, otorgará colaboración técnica judicial a las víctimas hasta que concluya el juicio.