Contrabando e informalidad impiden reactivación económica

La Ley General de Aduanas No. 1.990 define al contrabando “Como la actividad ilícita que consiste en extraer del (o introducir al) territorio aduanero nacional clandestinamente mercaderías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndola así del control de la Aduana, es decir es una actividad ilegal y quien la practica está cometiendo un delito, por realizar una actividad prohibida, o controlada, que evade intencionalmente el pago de tributos de internación de mercaderías al territorio nacional y obteniendo ganancias ilegales por la comercialización de los mismos, en el mercado interno constituyendo una competencia desleal de las importaciones legales y a la producción nacional”.

Más de dos terceras partes del contrabando están vinculadas con los puertos del Pacífico. Chile –incluyendo la ZOFRI- es el país desde donde ingresa la mayor cantidad de contrabando, seguido por el Brasil, Argentina, Perú y, finalmente, Paraguay.

El impacto del contrabando en el PIB fluctúa entre el 6 y 8 %. El PIB del año 2019 fue de 40.601 millones de dólares y el contrabando estimado fue de 3.248 millones de dólares, aproximadamente. El contrabando en 2020 llegó a cerca de los 3.000 millones de dólares. A ello hay que sumar el “contrabando hormiga”, que estaría alrededor de 500 millones de dólares anuales.

Ante esta realidad, el sector formal de la economía trata de promocionar en todo el país y en el exterior la venta de la producción nacional. El sector empresarial y el banco FIE han realizado una alianza para promocionar lo “Hecho en Bolivia”, impulsando el “Compro Boliviano”, tanto a escala nacional como internacional. Debemos reconocer que el mercado interno es insuficiente para reactivar la economía.

Entre las consecuencias del contrabando están la reducción de los ingresos del Estado por la defraudación tributaria, 500 millones de dólares aproximadamente, la creciente violencia por las mafias de contrabando que defienden sus ilícitas actividades, la desleal competencia a la producción nacional, el aumento de la informalidad y el consecuente incremento del desempleo.

Es importante mencionar otro flagelo de la economía nacional, la informalidad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de 2018 había 130 millones de trabajadores latinoamericanos en el sector informal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística a enero de 2021, la tasa de desocupación en el país fue del 9,67 %, lo que significa en números absolutos que las personas sin trabajo en el país superan las 400.000. Este dato debe preocupar, además, porque solo se refiere a la desocupación urbana, no así a la del campo, donde hay tanta o más pobreza que en las ciudades. A esto se suma la elevada informalidad que, según el Fondo Monetario Internacional, es uno de los más elevados del mundo (62,3%), solo superado por la situación en Zimbabue (60.6%).

La Central Obrera Boliviana debe entender que esta informalidad se convierte en un factor que impide el crecimiento de la actividad económica formal, pues no hay simetría entre los costos que implica tener un trabajador formal, frente a los informales y es ahí donde debería estar orientada su defensa de los trabajadores.

El sector privado nacional seguirá pidiendo al gobierno aumentar el universo del sector formal. Solo de esta forma se garantizará el desarrollo y el fortalecimiento de la economía, así como los derechos de los trabajadores.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).