Disputa de cocaleros de Yungas

Como tantos otros problemas, el conflicto de la coca de los Yungas se vincula a la posición oficialista poco dúctil, así sea levemente opuesta a sus finalidades políticas. Colude el sector --aparentemente mayoritario-- de Armin Lluta con el de Elena Flores, adicta al partido de gobierno. La parcialidad de ésta ha concitado, en primer lugar, un fallo a su favor del Tribunal Departamental de La Paz, reconociendo a Flores como titular cocalera del departamento, en perjuicio de su rival Lluta. Esta decisión a nadie extraña, en razón de las directrices oficialistas acatadas tan característicamente por la Justicia.

A mayor abundamiento, el ministro Edwin Characayo emitió la Resolución 068/21 de cinco de marzo pasado, por la cual dispone trasladar el mercado de la coca de Villa Fátima --regentado por la Adepcoca de Lluta-- a Kalajahuira, a cargo de Flores, mercado situado en la sede de un sindicato de transportistas. Como se sabe, esta resolución está en contraposición a la Ley General de la Coca que únicamente admite como legales los mercados de Villa Fátima en La Paz y de Sacaba en Cochabamba. Tal desplazamiento significa la anulación del tradicional mercado que comercializaba el producto. A todas luces, la resolución ministerial no puede sobreponerse ni contradecir una ley.

Tampoco es raro que este conflicto haya derivado en un persistente enfrentamiento por vías de hecho entre partes. Si no fuese así no se trataría de un conflicto desarrollado en nuestro territorio. Es así que por cerca de un mes Adepcoca viene bloqueando carreteras y caminos de los Yungas como medida de presión, aunque ahora dice que trasladará sus presiones a la ciudad de La Paz. Por justa que sea su causa, el daño es enorme por las interrupciones, tanto al transporte como a la población que depende de frutas y otros de la región. A esto se añade la destrucción de las carreteras mediante “alfombras” de piedras y otros obstáculos de circulación.

Al mismo tiempo, la vecindad de la zona de Kalajahuira sufre las consecuencias de los enfrentamientos a pedradas de los grupos disputantes y las gasificaciones policiales. Pide el inmediato traslado del indicado mercado, sin que su solicitud sea atendida. Las piedras arrojadas desde lugares altos no pueden menos que destruir las carreteras, sembrándolas con elementos de este tipo, hecho general y de costumbre de los llamados movimientos sociales, por sus ininterrumpidas demandas y pretextos. No obstante, no hay memoria acerca de que por estos atentados de lesa patria sean identificados los autores y promotores, para ser sancionados de acuerdo con la ley, como corresponde.

En el fondo, está claro el derecho y pertinencia de Adepcoca y deja sin atenuantes la demostración de la primacía de la política de los sucesivos gobiernos populistas que, entre sus estrategias, ejecutan sin reparos el denominado paralelismo sindical, fieles al funesto consejo: “Divide y reinarás”.