El caso “golpe de Estado” y otros

No es la primera vez que el gobierno del Movimiento al Socialismo encabeza una persecución político-judicial en contra de opositores, disidentes y líderes del país. Hay un número elevado e indeterminado de exiliados y refugiados políticos desde al menos el año 2006, muchos de los cuales encuentran amparo en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El último caso conocido es el de la exministra María Elva Pinckert, quien desde la clandestinidad pidió asilo.

El caso “golpe de Estado”, inventado soezmente contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus exasesores del Gabinete Ministerial, muestra el grado de corrupción y desparpajo de la así llamada “justicia” boliviana. Sobre el particular, la Agencia de Noticias Fides informó que luego de un análisis a la imputación fiscal contra la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por el supuesto golpe de Estado, el abogado penalista Eusebio Vera concluyó que se trata de un documento lleno de apreciaciones subjetivas, que carece de elementos probatorios e idóneos como para justificar la detención de las exautoridades. Vera advirtió una combinación nociva entre sometimiento del Ministerio Público al poder político y la escasa formación de los fiscales en actividades investigativas, para que resulte una lastimosa imputación que no se sostiene por sí sola.

Por otro lado, cierto sector del Movimiento al Socialismo intenta confundir a la población general, al afirmar que no puede haber una ausencia de responsabilidad penal sobre los hechos de Sacaba y Senkata. Lastimosamente, trátase de un ardid leguleyo, puesto que la detención preventiva en contra de Áñez y sus exministros tiene como base la supuesta responsabilidad penal por sedición y terrorismo, en lo que ha venido a denominarse públicamente “Caso Golpe de Estado”. Es altamente probable, pues, que el interés macabro de las autoridades gubernamentales fue trasladar forzosa y sorpresivamente a la cárcel a las ex autoridades de gobierno, mientras se alista en el Parlamento una nueva ley de juicio de responsabilidades.

Cualesquiera que hayan sido los motivos, lo cierto es que patentizamos una vez más como sociedad civil, una cacería de brujas. Lo que no atiende, sin embargo, el conjunto de abogados arrodillado al poder político, es que en la región existen mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos supranacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. Por otro lado, está el hecho de que la Secretaría General de la OEA trasladó antecedentes relativos a graves violaciones de los derechos humanos a la Corte Penal Internacional, puesto que constata que en Bolivia no existen las garantías mínimas del debido proceso ni independencia de poderes.

Estratégicamente, conviene a la defensa de Jeanine Áñez y los exministros, informar periódicamente a los medios de comunicación acerca de los pormenores de los procesos penales en marcha, para que la sociedad en su conjunto pueda dar una respuesta frente a las bajezas del gobierno actual.

El autor es abogado y escritor.