¿La economía de Bolivia está blindada con la “blanca” del Chapare?

La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 384 que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

La Ley 096 de 8 de marzo de 2017 es inconstitucional, viola el Art. 384, porque reconoce a la producción de la hoja de coca del Chapare como “originaria y ancestral”. La misma fue objeto de rechazo por los productores de coca de los Yungas, porque la coca producida en el Chapare NO es originaria y ancestral. Fue impulsada por el cocalero Evo Morales, presidente de las 6 Federaciones del Chapare y beneficia a sus Federaciones porque establece el incremento a 22.000 Ha de producción de coca, de las cuales 14.220 son de los Yungas, y 7.700 del trópico de Cochabamba. La ley 1.008 derogada solo permitía 12.000 Ha. en territorio paceño y consideraba ILEGAL la producción del Chapare porque NO es ancestral. Según la Undioc, durante el período del cocalero Morales se incrementó a 26.000 Ha., según Thierry Rostan, representante de UNODC en Bolivia, que alertó sobre cultivos ilícitos en 6 de las 22 áreas protegidas a nivel nacional, donde está prohibida por ley la expansión de cultivos de hoja de coca, que es materia prima de la cocaína, registrada principalmente en los valles del Departamento de Cochabamba, bastión del cocalero Morales.

Según la Undioc, con datos certificados, Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú, que en 2019 se registró un aumento del 10% de sus cultivos de coca con respecto a 2018, de 23.100 a 23.600 Ha.

La sala Constitucional cuarta de La Paz dispuso que la policía tome los predios de Adepcoca y los entregue al grupo afín al MAS. Para consolidar esta división entre cocaleros de los Yungas, el Gobierno dispuso que el mercado de la hoja de la coca sea trasladado a la sede de los transportistas 1º de Mayo, ubicada en la zona Kalajahuira. A partir de ese día, hubo tensión y enfrentamiento entre los grupos de cocaleros de los Yungas, enfrentados por el control legal de la coca, Lluta se enmarca en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El lunes 5 de marzo Adepcoca inició el bloqueo de caminos de la ruta que conecta a los Yungas con la ciudad de La paz, exige la anulación emitida por el Ministerio de Desarrollo rural y tierras, sin embargo, los transportistas y los cocaleros masistas se enfrentaron, causando heridos muy graves, en rechazo a la instalación de un mercado paralelo de la hoja que impulsa el gobierno y administrada por un grupo paralelo afín al MAS, liderado por Elena Flores.

Mientras el gobierno divide a los cocaleros de los Yungas, en Chimoré hubo en un día 36 salidas de aviones, sin algún control, en la pista “internacional” de Chimoré. Por ello se destituyo al Director de Aeropuertos, sin que exista un informe previo, pero el destituido acusa al Ministro de Obras Públicas de dar la autorización para el uso del Aeropuerto, que estuvo paralizado por muchos meses. Será que con esas 36 cargas el gobierno pretende blindar la economía de Bolivia, hoy en crisis económica, puesto que ya no existen recursos en el Tesoro General del Estado para pagar los salarios de los médicos que hoy claman para que se les pague por lo adeudado hace tres meses.

Los vecinos de la zona de Kalajahuira se declaran en estado de emergencia y dieron 48 horas para el desalojo del mercado ilegal de la coca, instalado en el sindicato de transportistas. Ellos denuncian destrozos en sus viviendas como producto se los enfrentamientos, en el que mujeres cocaleras sufrieron gasificación y golpes de parte de los policías.

Para lograr la pacificación, exigimos la abrogación de la Resolución Ministerial 068, que permite el traslado ilegal, porque Adepcoca es una instancia privada y el gobierno NO puede interferir los actos de los cocaleros asociados de los Yungas.

Angélica Siles Parrado es Economista, ex Asambleísta Constituyente.