Primero se condena, después se juzga

El grado de crisis a que ha llegado en gran parte la justicia en Bolivia, se comprueba en el hecho de que primero se condena, después se investiga y, finalmente, se juzga, como quedó demostrado en numerosos casos conocidos de algunas personas que han corrido esa suerte. Ese problema se confirmó cuando algunas personas que participaron en el delito están purgando sentencias de hasta 30 años de prisión, sin que se haya investigado debidamente lo que se denunció.

El asunto de la ineficacia de la justicia en Bolivia se atribuye al origen republicano, a factores estructurales, a deficiencias en la administración de justicia, a bajo presupuesto estatal, etcétera, por citar solo algunas causales. Sin embargo, el problema que dura casi doscientos años y por el que se ha hecho críticas y pedidos de reformas, subsiste casi inalterable e inclusive se agrava en algunos casos, sin que se vea alguna luz al final del túnel.

Críticas más concretas señalan que el aparato judicial carece de capacidad de investigar los delitos, no recoge las pruebas materiales de juicio y lo “único” que hace es buscar “chivos expiatorios” para satisfacer la demanda de tener culpables, como es el caso de una persona condenada a 30 años de cárcel, que sostiene su inocencia y clama para que su caso sea investigado y recién, sobre datos objetivos, se dicte la sentencia respectiva.

Tan ostensibles son los casos, que los acusados gestionan apelaciones, a la espera de que se proceda a que los asuntos denunciados sean investigados, aunque jueces y fiscales no tienen voluntad para remover los expedientes, conservando intocados los evangelios procedimentales de viejo cuño y hasta de tiempos precoloniales.

Tan acentuadas críticas, al parecer, reciben oídos sordos, ya que después de conocer las denuncias y ofrecer soluciones, retiran sus ofrecimientos y dejan que la situación siga sin el menor reparo. Por otra parte, las cárceles están hacinadas de ese tipo de problemas.

En esa forma, la cuestión se eterniza y mientras la opinión pública exige las reformas no solo a la administración de justicia sino a la misma justicia y la atención del Estado, los responsables pasan indiferentes y hasta olvidan la vigencia de los Derechos humanos y sigue la costumbre comunitaria de primero condenar y después juzgar.