Empresa privada puede ayudar contra el desempleo

Los ciudadanos bolivianos esperamos que la economía y la salud mejoren. Los empresarios estamos dispuestos a coadyuvar para aportar en la salida de la crisis sanitaria y económica que vivimos como emergencia de la pandemia del coronavirus. Con ese propósito necesitamos que el gobierno cree las condiciones necesarias para desarrollar la iniciativa privada, con seguridad jurídica, clima de negocios adecuado, generación y preservación de empleos, con un gran pacto público-privado por la reactivación de la economía.

Todo hace pensar que no se pueden repetir ahora los incrementos generales de salarios, determinados unilateralmente por el Gobierno luego de someras consultas con la COB. Ni las arcas fiscales ni los diversos empleadores están en condiciones de erogar un incremento de salarios retroactivo al comienzo de año, por encima de los niveles oficiales de inflación y del aumento de la productividad general de la economía. La dictación de ese tipo de medidas respondía a una circunstancia que ha sido largamente superada por la desaceleración económica, agravada por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19, como señala el analista Horst Grebe.

Los efectos de la pandemia en la economía del mundo entero, y la boliviana en particular, se hacen más visibles en el preocupante incremento del desempleo, que al tercer trimestre del 2020 llegó a más de 400.000 desocupados. El analista Jaime Dunn considera que revertir la tasa de desempleo urbano en el país puede demorar por lo menos dos años, especialmente en los sectores clave para la generación de fuentes de empleo.

De acuerdo con el análisis de la empresa privada de Bolivia, los empleos en la administración pública y los generados por la mediana y gran empresa privada llegan aproximadamente al 25% de todos los empleos generados en el país. El empleo privado generado por los micro y pequeños empresarios, con datos al 2019, llegó a su pico, con el 74,5%.

El gobierno debe entender que la Informalidad trae de la mano el problema de baja productividad que, al mismo tiempo, limita la capacidad de mejorar la retribución al trabajo.

Esta realidad debe llevar al Gobierno a buscar acuerdos de complementariedad con el sector privado, para que éste tenga no solo el incentivo, sino también la seguridad jurídica necesaria para invertir y crear nuevas fuentes de trabajo formal.

Estamos viviendo, en la historia económica del país, el momento más difícil con la caída del PIB. En la gestión anterior, el 2020, llegó a -11%, eso quiere decir que hemos dejado de producir 4.400 millones de dólares en bienes y servicios, en medio de una recesión mundial parecida a la de 1929.

En toda la década pasada, la administración gubernamental dispuso incrementos salariales muy por encima de la inflación, con solo tres excepciones en 2009, 2012 y 2020, con efectos contraproducentes para los trabajadores, pues el efecto fue la mayor informalidad de la economía. Hoy se tiene una inflación del 0,7%, es decir que no hubo inflación en la gestión anterior, razón por la cual los empresarios recomendamos que no haya un incremento salarial.

Los costos del incremento salarial señalan que si el aumento de sueldos es del 1,5% el costo para el sector privado es de 80,34 millones de dólares y para el sector público 68,6 millones. Y, con un aumento salarial del 10%, el costo para el sector privado llegaría a 535,61 millones de dólares y para el sector privado a 457,2 millones de dólares, haciendo un total de 992,8 millones, equivalente al 1,14% del PIB.

Cada punto porcentual de incremento salarial representa 47 millones de dólares adicionales en el sector público y 54 millones de dólares adicionales en el sector privado asalariado formal.

Los empresarios estamos convencidos de que los costos laborales crecientes contraen el empleo formal e inducen a incrementar el empleo informal y precario, con graves efectos en la seguridad de los trabajadores.

Los propios trabajadores deben entender que el empleo informal no ofrece ningún seguro de salud para él y sus dependientes, no hay pensiones de jubilación, se carece de vacaciones, aguinaldo, bonos, primas, indemnización y otros beneficios.

Además, al pensar en un incremento salarial se debe tomar en cuenta que la subida de salario mínimo nacional afecta especialmente a PyMEs y los trabajadores menos calificados.

El autor es Economista, licenciado en la U.M.S.A., con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).