Sin resultado alguno por los reclamos que se hace sobre precios excesivos de medicamentos que cobran fabricantes nacionales, distribuidores y farmacias, el país sigue lamentando que ninguna autoridad puede poner freno a los abusos de cobros exorbitantes que se dice fueron autorizados por la autoridad competente. Vivimos en tiempos de pandemia y la población necesita aprovisionarse de algunos calmantes para aliviar sus dolores o indisposiciones y acude a médicos que también cobran cuanto quieren por cada consulta y, receta en mano, recurre a farmacias donde los precios se elevaron considerablemente en relación con una vez anterior, que no es ni siquiera de una semana atrás; se reclama y la vendedora no sabe o no dice algo que explique los aumentos.
Pero la colectividad no solamente reclama por los precios, también lamenta que en algunas farmacias sean vendidos productos con fechas vencidas, algo que no solo hace daño por lo nocivo que se hizo el medicamento, sino que da lugar a nuevos males de salud porque se dañan órganos del cuerpo humano. Ambos problemas son graves y sería de esperar que las autoridades de Salud y de Economía investiguen y eviten que esos productos sigan causando más daño.
Estos casos, como otros de atentados contra los derechos humanos, no deben quedar en la impunidad y ocasionando mayores males a los que ya se sufre por causa de la pandemia que, imparable, sigue expandiéndose, aunque se dice que en algunos sitios habría disminuido la cantidad de contagiados.
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