Flagrante delito de un ministro

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras y el Director de Desarrollo Rural fueron sorprendidos en delito infraganti de soborno, percibiendo 20.000 dólares de manos de sus víctimas de extorsión. Este peculado debía alcanzar los 280.000 dólares para su reparto entre autoridades y comunarios del lugar. El ministro Edwin Characayo y el director Hiper García fueron imputados, principalmente por delitos de concusión y cohecho pasivo. Se determinó darles solamente cinco meses de detención.

Estamos ante un hecho que empaña al nuevo gobierno a escasos seis meses de su mandato. Por cierto, nadie quisiera una circunstancia tan difícil, pero se dio. El Ministro de Gobierno salió a denunciar el ilícito y presentó a los culpables en nombre del gobierno, en conferencia de prensa. Es un acto destacable. El error de nombramientos de esta naturaleza se debe a la ubicación en altas funciones del Estado a dirigentes sugeridos, según algunos, o a exigencias, según otros, de los distintos sectores sociales, política muy característica del pasado gobierno de 14 años. En cualquier caso, es indispensable hacer estas designaciones a personas de probada idoneidad y ética. El señuelo de estos sectores sociales se realiza bajo condicionamientos de apoyo a los gobiernos.

Lo anterior pareciera demostrar que cada sector aliado del partido oficial cuenta con un cupo o participación en el manejo del país y de ahí que sus dirigentes tienen cabida en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y hasta hace poco en el Tribunal Supremo Electoral y lo conservan aún en los Tribunales Departamentales Electorales.

Asimismo, pareciese que dichos sectores escogen las carteras de gobierno que les sea más conveniente, tanto para quien asume titularmente tales funciones, como para sus colaboradores, privilegio extensivo también a la mayor parte de integrantes del gremio. Éstos no destinados precisamente a la burocracia ministerial, sino con otros beneficios no concordantes con la normativa vigente.

En cuanto al tema tierras, el hecho denunciado --aunque en una de sus variantes-- trae a la memoria que el intenso comercio de la tierra data de 2012, aproximadamente. Sin duda, el departamento de Santa Cruz y ahora el Beni son objeto del incalculable reparto. Además de los campesinos del occidente beneficiados con la dotación de distintas superficies, muchos a título de asentados y anexos, la agroindustria recibió miles de hectáreas, en gran medida no destinadas a la agricultura sino al comercio y “engorde” de las tierras otorgadas.

El gran incendio del agro cruceño del año 2019 --alrededor de cinco millones de hectáreas-- fue obra de los asentamientos de campesinos transmigrados del occidente al oriente del país, como premio a su militancia política, incendio que paralelamente benefició a la ampliación de la frontera agrícola. Todo este trajín no hubiera sido posible sin la participación de las oficinas correspondientes, bajo dependencia de los ministros de Desarrollo Rural. Es necesaria una auditoría de las gestiones anteriores de este portafolio.