La cantidad de tierra que tienen los campesinos e indígenas ahora es menor a la que poseían antes de la aplicación de la nueva legislación agraria INRA, dictada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y prolongada en su vigencia por la Ley agraria de Evo Morales, con el título de Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Por otro lado, al contrario que con los indígenas, los medianos y grandes propietarios de tierras han aumentado la cantidad de tierra que poseen, según estadísticas difundidas por directivos del Centro de Investigaciones Agrarias de Bolivia.
De manera concreta, los campesinos que hasta 1986 poseían 18 hectáreas de tierra, como promedio, al presente solo poseen 5 hectáreas, observándose, además, como agravante, que ahora no son propietarios de sus parcelas, sino meros usufructuarios o tenedores de esos minifundios. Todo permite afirmar que el problema agrario no ha sido solucionado, sino agravado en Bolivia.
En cuanto a los medianos y grandes propietarios de tierras, el crecimiento de sus propiedades en los últimos 40 años ha sido notable. En efecto, mientras en 1984 sólo poseían 279 hectáreas por beneficiario, ahora son poseedores del promedio de 896 hectáreas, con títulos de propiedad otorgados por el INRA. El CIAB informó también que el 0,6 por ciento de los títulos propietarios otorgados por el INRA, corresponde a propiedades empresariales y pequeñas, de las cuales el 17% son fundos con más de mil hectáreas por beneficiario. Esos datos históricos permiten tener un nuevo enfoque acerca del problema agrario boliviano, así como sobre la distribución de la tenencia de la tierra al presente y las erróneas políticas agrarias aplicadas en las últimas décadas.
Con más detalle, se observa que campesinos e indígenas, pequeños propietarios de tierra, después de 40 años de aplicación de la legislación agraria INRA, han quedado solo con un tercio de tierra de la que tenían, vale decir que los trabajadores del arado han perdido dos tercios de la tierra que les dotó la reforma agraria de 1953, con el agravante que les ha sido recortado o anulado el derecho absoluto a la propiedad del suelo, por vía de la Constitución.
Lo destacable en esos datos estadísticos proporcionados por el Centro de Investigaciones Agrarias (CIAB) consiste en que cuando más se predicaba adoptar medidas agrarias a favor de los campesinos e indígenas, el resultado es lo contrario, pues ahora tienen menos tierra para sobrevivir.
Mientras tanto, cuando más se amenazó reducir la cantidad de tierra en propiedad de medianos y grandes propietarios, resultó que no se les tocó ni un metro cuadrado y, más bien, se les dotó más tierra y, en esa forma, se fomentó la geofagia y se triplicó la propiedad del suelo a favor de los latifundistas
Las informaciones de la nueva distribución de la tierra que señaló en un artículo (EL DIARIO. 19, III, 21) el economista Osvaldo Illanes, no comprenden mayores referencias acerca de las superficies de propiedades colectivas, estadística que será objeto de análisis en otra oportunidad.
Esos datos estadísticos, basados en fuentes oficiales, permiten poner en claro qué clase de políticas agrarias se aplicó en el país en años recientes por parte de un supuesto “gobierno indígena” y las características de la campaña a favor de la Pahamama, basada en dotar de tierra a los campesinos. De otro lado, las estadísticas también permiten comprender la causa de la caída de la producción agropecuaria tradicional en los valles, altiplano y yungas, bajones que han dejado sin alimentos a las ciudades y obligado al creciente contrabando, la producción de coca, la migración masiva a las ciudades, por citar solo algunos aspectos del problema agrario en el país.
Todo dice que la actual legislación agraria sirvió para arrebatar la tierra a los indígenas y campesinos y dársela los terratenientes.
El autor es ex Presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria.
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