Hora de la racionalidad del Estado

Cuando la contracción económica limita las posibilidades de un país, las privaciones deben empezar por la cabeza, por los altos detentadores de la administración, seguidas por los funcionarios o servidores públicos en su frondosa escala. Se espera que el ejemplo parta desde el presidente del gobierno, sus ministros y la alta burocracia. Además del Órgano Ejecutivo, también están llamados los diputados y senadores. Y lo propio a nivel de los gobiernos departamentales y municipales, empezando por sus titulares y, por supuesto, les atañe a consejeros, concejales y demás funcionarios.

Pese a la caída económica y los efectos de la pandemia, de alrededor del --11% del PIB, caída que se extiende por casi año y medio, a ninguno de los señalados se le movió un pelo para tan enorme “sacrificio” monetario. No se sabe si fueron ciertas las afirmaciones de Jeanine Áñez, presidenta del gobierno transitorio, de haber donado parte de sus sueldos a dicho destino o si se trató de un golpe de efecto propagandístico. No ha trascendido nada respecto a Luis Arce Catacora, jefe del Estado, en ese sentido, menos aún de sus ministros. No porque se trate de un nuevo gobierno la economía nacional ha cobrado una reactivación. Lo único a favor fue el famoso bono de mil bolivianos. No contribuye mucho que el ahora presidente Arce fue el supuesto hacedor de la bonanza en su largo desempeño al frente de la economía y finanzas públicas. La verdad es que tal estabilidad se generó por los altos precios de las materias primas, como todos sabemos.

Pero lo más criticable de la transitoriedad es la tacañería de los dos tercios del Legislativo, conformada por el masismo, incapaz de haber contribuido o auxiliado ante la pandemia, no digamos con un 20 o 30% de sus jugosas “dietas”, no obstante la discutible prolongación de su mandato por un año. Ese Órgano no se brindó ni con una colecta a favor de la población necesitada o que perdió su trabajo. El caso es peor si se tiene en cuenta que cada legislador percibió del erario más de 300.000 bolivianos por un año de regalo. La misma cicatería caracterizó a consejeros, concejales, gobernadores y alcaldes en lo departamental y en lo local.

Las dificultades de la economía nacional exigen que con carácter nacional se haga una disminución a los sueldos de la planta estatal. Tanto más si se considera que los 14 años pasados creció cinco veces en número los funcionarios públicos, significando un drenaje económico constante. Esta rebaja sería una medida de equidad si se ve la situación general deprimida y afectada, sin reactivación y epidemia. Los funcionarios públicos están gratificados con remuneraciones considerables de origen político, pues los cargos fueron distribuidos con el fin de contentar a la militancia del MAS, dejando de lado la competencia y capacidad funcionaria. El Estado fomenta así la improductividad y el ocio apenas disimulado.