El Intercultural (colonizador) del MAS incrementa la ola de corrupción

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 385.I. que “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, cumplen funciones ambientales, culturales sociales y económicas para el desarrollo sustentable”. Sin embargo, el gobierno del cocalero Morales realizó la dotación ILEGAL de tierras fiscales: en 2009 de 179.00 Ha, en 2010 de 23.003, en 2011 de 46.365, en 2012 de 4493, en 2013 de 28.969, en 2014 de 27.623, en 2015 de 6.480, en 2016 de 251, en 2018 de 11.356, en 2019 de 183.722, en 2020 de 5.409, en 2021 está proyectada de 4.000 Ha.

Edwin Characayo, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras (cupo de interculturales) y su director Hiper García, con el visto bueno de Luis Arce fueron aprehendidos, en flagrancia cuando cobraron como adelanto el monto de $us. 20.000 en una banca del Prado paceño el martes 13. Y fueron remitidos Characayo a Palmasola y García a San Pedro, imputados por concusión, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propio. Con este acto sale a la luz la extorsión de 380 mil dólares, mediante una persona que tramitaba el saneamiento de tierras en Santa Cruz, en nombre de vinculados al INRA, a pesar de que ese predio ya estaba saneado a favor de un familiar de la denunciante, Dareen Schmidt. Pero para el saneamiento del predio (el Triunfo II) ubicado a 4 kilómetros del Municipio de San Ramón en Santa Cruz, García pedía una comisión de 80.000 $us, además de 100.000 para Characayo y 200.000 $us para servidores del INRA.

Descaradamente los interculturales del Plan Tres Mil amenazan al gobierno para que su ahijado Characayo sea liberado y que prueben que ha cometido delito, obstaculizando la realización del trabajo del Ministerio Publico.

Leonardo Tamburini manifestó que los pedidos de destitución del director del INRA, Eulogio Núñez, realizados por los interculturales, pertenecen a Characayo. Y se debían a que Núñez no era del MAS y no avalaba el avasallamiento de tierras en la Chiquitania, y que los nativos de la Reserva Forestal de Guarayos denunciaron a los avasalladores que pretenden tomar parques, reservas y tierras originarias, incluso con uso de armas de fuego.

En septiembre de 2020, el entonces viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, informó que el 95% de los 1.500 asentamientos autorizados durante el Gobierno de Morales tenía irregularidades, por lo que se evaluaba su reversión. Actualmente esos asentamientos fueron ratificados.

Del mismo modo, la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos de Guarayos (Copnag), en una carta enviada al presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, denunció que personeros del Gobierno nacional, como el director nacional del Viceministerio de Tierras, Elías Tejerina, anunció públicamente que tomarían incluso parques y reservas, para el tráfico de tierras.

El falso indígena Morales y hoy aguantArce, realizan dotación de tierras a cocaleros que se dedican al tráfico ILEGAL de tierras fiscales, reservas naturales y tierras originarias de los pueblos indígenas, que permanentemente se ven avasallados y expulsados de su hábitat hacia tierras inhóspitas, con el peligro de su extinción.

El director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo, lamenta el uso de la ley como instrumento para beneficiar a grupos vinculados a quienes ejercen el poder. Dijo que durante el Gobierno de Evo Morales fueron distribuidas tierras fiscales a favor de los militantes del MAS y que durante el Gobierno de Jeanine Añez se tituló miles de hectáreas a favor de sectores empresariales, validando propiedades con más de 5 mil Ha.

La ola de corrupción también recae en el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sindicado de estar tras irregularidades en la construcción del tren metropolitano en Cochabamba, la “apertura del aeropuerto de Chimoré con 36 vuelos irregulares”, Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y AE Vivienda.

Exigimos evitar la dotación de tierras fiscales para evitar que con la deforestación se pierda más humedad de la Chiquitania, ya que hasta ahora se perdió 20% y se convierta en zona árida, con graves consecuencias para el medio ambiente y los desastres climáticos.

Angélica Siles Parrado, Abogada y ex Asambleísta Constituyente.