La presidenta Añez gobernó al país conforme a la CPE

Parecería que para muchas personas y políticos especialmente, entender los preceptos constitucionales, cuando se encuentran con poder político o de cualquier naturaleza, es muy difícil. En muchas oportunidades, medios de comunicación, abogados constitucionalistas, politólogos, analistas y otros han explicado que la Sra. Jeanine Añez ha ejercido legalmente la Presidencia de la República, luego de la renuncia y salida del país del señor Evo Morales, en noviembre de 20l9. La asunción de la Presidencia por parte de la Sra. Añez fue legal, conforme a preceptos de la Carta Magna y cumpliendo paso a paso lo que había que hacer ante la ausencia de quienes estaban en el Senado o en Diputados y renunciaron a sus cargos; entonces, quedó el último paso y le correspondió a la Sra. Añez. Hoy se dice que ese gobierno fue “de facto” o sea de hecho y no de derecho; es decir como si hubiese sido efecto de un golpe militar conjuntamente civiles (políticos o no) y no fue ese el caso.

No reconocer legitimidad al régimen de la Sra. Añez y calificarlo de ilegal o de facto implica, de hecho y derecho, que todas las autoridades nombradas o designadas por ella son ilegales o de facto. Esto querría decir que, conjuntamente los funcionarios despedidos por el actual gobierno desde la asunción del Sr. Arce, también deben ser despedidos; y en esa situación habría varios y que ejercen funciones actualmente, empezando por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, dando lugar a que, en la cadena de ilegalidades, se daría a interpretar o creer y hasta asegurar que las últimas dos elecciones –generales y las que designaron alcaldes, gobernadores y concejales– son ilegales.

¿Cuál es la verdad? ¿O es que hay legalidad o ilegalidad solo conforme a las conveniencias? Si es así el problema, querría decir que se sienta precedentes para el futuro. Grave, gravísimo es el caso; pero, si como se alega debemos atenernos solamente a la letra de la Constitución, no podría quedar en las nebulosas el caso que debe ser preocupación de todo el país.

¿Tanto el gobierno del presidente Arce como ambas cámaras –Senadores y Diputados– también estarían en situación “inter-dicta”? Algo imposible de creer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué caminos tomar? Correspondería, Constitución en mano, examinar someramente los textos constitucionales, reconocer la verdad y justeza de las realidades y de los hechos producidos a partir de noviembre de 20l9 y actuar en consecuencia, sin dobleces ni medias verdades o medias tintas, porque gobernantes y gobernados debemos vivir aferrados a la verdad y ésta es la Ley de Leyes que debería ser acatada por todos. Y, como corolario, ¿no correspondería que los Colegios de Abogados estudien el caso y se pronuncien? ¿Y qué pasa con la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, cuya legalidad y vigencia siempre se alega de acuerdo con conveniencias circunstanciales?

Hay verdades que siente la colectividad: No debe haber comportamientos sujetos a inquinas, rencores o conveniencias o intereses de partido o de grupo o personales; no pueden primar los odios y rencores, menos las venganzas en la solución de los problemas que son de interés nacional. Si la verdad que es el lábaro de la justicia, de la equidad y la ecuanimidad no tiene importancia y primacía en estas u otras circunstancias, no podemos sostener que vivimos conforme a los cánones de la justicia y de la democracia.