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[Eric Cárdenas]

La corrupción institucionalizada


Cuando se habla de institución se hace referencia a lo que está instituido, establecido con cierto carácter de permanencia, y dentro de la sociedad organizada en Estado hay una gran variedad de instituciones. El profesor de Ciencia Política Marcel Prelot en su libro: “Ciencia Política” habla de la complejidad institucional del Estado y siguiendo a Maurice Hauriou denomina al Estado como una Institución de Instituciones que deben estar revestidas de legalidad.

El hecho de que la corrupción, como fenómeno social, sea ya algo establecido responde a que en los individuos que hacen la vida de la sociedad, se haya venido abajo el sistema de valores, en especial en quienes ocupan funciones públicas, que deberían ser por principio funciones de servicio a la sociedad.

Los valores reflejan e impulsan la conducta del individuo y el colectivo social, y en su apreciación influye la cultura y dentro de esta la moral, de donde son los valores morales los que determinan la conducta o proceder de los individuos que viven en sociedad, es decir relacionados con otros individuos.

Ahora bien, cuando en una sociedad el comportamiento de los individuos relativiza los valores, estamos en un cuadro de crisis moral de esa sociedad, lo que no significa que todos los miembros de esa sociedad hayan perdido sus valores, sino que es la conducta generalizada la que hace crisis.

En nuestro país, hace ya rato que la crisis moral socaba los cimientos que la sustentan, y más aún cuando las instituciones dentro del Estado no cumplen sus funciones y han perdido toda credibilidad. Así nos preguntamos, ¿cumple a cabalidad su función la justicia? ¿El órgano electoral es confiable? ¿Los otros órganos del Estado cumplen la función señalada en la Constitución y las leyes? ¿El aparato administrativo del Estado está sujeto al cumplimiento estricto de las normas?

El hecho de que un ministro del Órgano Ejecutivo haya sido descubierto recibiendo un adelanto de pago de dinero a cambio de favores de poder, ya no llama la atención, pues intuimos que así se manejan los asuntos de gobierno, y cuando alguien comenta la honradez de algún ciudadano que ejerció algún puesto público, no lo creemos, más aún, damos por establecido que el que ocupa una función pública tiene que hacer fortuna.

La Política que es la actividad de quienes buscan ejercer el poder, teóricamente con base en principios ideológicos, en la realidad de los países atrasados, resulta la búsqueda del poder para el enriquecimiento personal y prueba de ello es la buena cantidad de nuevos ricos que aparecen a la sombra del poder político. Sin embargo, como en toda actividad humana existen honrosas excepciones.

La crisis moral debe ser enfrentada con políticas públicas, no solo de cumplimiento de las leyes, sino del ejemplo de quienes pretenden imponerlas. También es importante superar la anomia, o demasiada flexibilidad en la aplicación de las normas y para ello es necesario un Órgano Judicial independiente del poder político y sus intereses.

Pero ninguna política pública contra la corrupción ha de ser efectiva si no se comienza con la educación, la educación en valores, pues un pueblo educado es un pueblo alejado de la corrupción, con valores que han de guiar su conducta en beneficio de la sociedad. Sin embargo, este es un proceso que ha de tomar su tiempo.

Para empezar, los gobernantes deberían entregar las delicadas responsabilidades de la administración de la “cosa pública” a individuos bien formados en las ciencias del conocimiento, y que tengan una recia formación moral y vocación de servicio.

Si se lotea el aparato del Estado entre las organizaciones sociales afines a los coyunturales administradores del poder del Estado, que en buena medida no son sino grupos de interés y de presión, el resultado han de ser la corrupción, los excesos y, al final, el mal gobierno.

A la crisis moral, sanitaria y política debemos enfrentarla todos, con reciedumbre moral y fortaleza de espíritu para servir a la Patria que es nuestra, en la que hemos nacido y vamos a dejarla a nuestros hijos.

El autor es Abogado, Politólogo y escritor.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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