Más de 20 imputados y solo un sentenciado
> Hacen un llamado a la Policía Nacional para ejecutar los mandamientos de aprehensión contra los otros 25 denunciados, mismos que fueron emitidos los primeros meses de 2020
Los familiares de las personas que murieron en un enfrentamiento entre cocaleros y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2013 denuncian que, desde 2015, la Fiscalía de La Paz no responde a la objeción presentada en contra la Resolución de Rechazo 022/2015, con la que excluyeron a dos jefes militares denunciados como responsable de los hechos que cobró la vida de tres efectivos de las Fuerzas Armadas y un funcionario policial, en la comunidad Miraflores del municipio de Apolo.
Apuntaron que en la resolución firmada por el entonces fiscal de materia, Anghelo Saravia, no argumentan los motivos del rechazo.
“Queremos denunciar a la Fiscalía Departamental de La Paz por la retardación de justicia en el proceso 070/2013, ya que desde el año 2015 que no se pronuncia a la objeción presentada en contra la Resolución de Rechazo Nº 022/2015, donde los excluyen a los dos militares responsables de los hechos. El entonces fiscal de materia Anghelo Saravia, fiscal que posteriormente entra a la cárcel por delitos de corrupción, no argumenta el rechazo a los delitos por los cuales fueron denunciados sino se basa en los delitos de los autores materiales, incurriendo en el delito de prevaricato”, dijo una de las víctimas a EL DIARIO.
El familiar apuntó que desde el 2015, el proceso pasó por varios fiscales, quienes fueron cuestionados por otros temas de corrupción.
Asimismo, lamenta que a la fecha la Policía Nacional no ejecute los mandamientos de aprehensión contra los otros 25 denunciados que se encuentran prófugos de la justicia, siendo que los requerimientos ya fueron emitidos los primeros meses 2020.
“Persuadimos para que los denunciados se presenten voluntariamente para defenderse en justicia, particularmente los que han realizado la ampliación contra autores intelectuales de este conflicto”, apuntó.
ÚNICO
SENTENCIADO
A la fecha, el apicultor Juan Bascopé es el único sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto acusado de asesinar a tres personas en medio de un operativo de erradicación de coca en Apolo, ocurrido el 19 de octubre de 2013.
Los jueces se basaron únicamente en declaraciones testificales no corroboradas y la Fiscalía no pudo presentar el arma de fuego ni identificar el calibre. De 25 acusados, solo Bascopé terminó sentenciado por ser el único que se sometió al proceso.
Al respecto, los familiares de las víctimas, el subteniente Oscar Gironda, Sof. Willy Yucra Mamani, policía Jhonny Quispe Chura y el doctor Michel Olivares manifestaron su satisfacción con la sentencia contra Bascopé, porque consideran que hubo contradicciones en sus declaraciones y que el testimonio de “una de sus víctimas” fue clave.
“No se puede entender como una persona ha podido ajusticiar a sangre fría a personas indefensas, que después de torturarlos, maniatarlos, dispararles sin contemplación alguna, pese a los pedidos de clemencia de los ahora asesinados, implorando piedad a nombre de sus hijos, esposas y madres puedan dormir con la conciencia tranquila”, dijeron.
Asimismo refirieron que el ahora sentenciado cambió de versión en cada declaración, “acomodando su relato de acuerdo a su conveniencia y en muchos casos fuera de la realidad”.
“Por ejemplo, ver a la distancia de 1.000 metros con total precisión como relata en su declaración es algo dificultoso para cualquiera. Otra cosa contradictoria de su relato es que se encontraba en el lugar de vigilia a las 06.00 y posteriormente acepta que se encontraba en Miraflores desde el inicio, a horas 04.30 a 05.00, cuando la distancia entre estos esos dos puntos es de dos horas”, acotaron.
Asimismo, refirieron que en su declaración Bascopé dijo que entre el 22 y 23 de octubre de 2013 se encontraba en Apolo, cuando en los hechos “documentados en su declaración, relata que el domingo 20 de octubre en horas de la tarde, se encontró con el coronel Luis Arce quien le dice a Bascopé textualmente: cálmate hermano, me abraza y me dice vos cubrí mi espalda y yo voy a cubrir la tuya, desde esa fecha desaparece por completo, hasta ocho meses después que fue capturado”, relató uno de los familiares.
Asimismo, apuntó que de los testigos que presentó el acusado, uno declaró y el otro se retractó.
“La que declara hace más referencia a su conducta y no a los hechos que se investiga, los mismos comunarios declaran en contra de Bascopé señalándole como el principal autor de los asesinatos. La parte acusadora presentó testigos los cuales fueron víctimas directas de los luctuosos hechos ocurridos en fecha 19 de Octubre del 2013, donde identifican a Bascopé como uno de los principales responsables de las torturas y asesinatos. El que lo identifica plenamente es el teniente Triveño, quien se encontraba junto al Sof. Willy Yucra y el doctor Michel Olivares. Él relata que pese a los clamores, de las ahora víctimas, para que le perdone la vida a nombre de sus hijos, esposas y madres, Bascopé les dispara a sangre fría, cuando le toca el turno a Triveño su arma falla hasta que en el tercer intento le disparan en la boca, por azares del destino no muere, pero sus asesinos lo consideran muerto por lo que lo abandonan, en esas condiciones casi moribundo escapa llegando a la vivienda de un comunario después de varios días de donde sorpresivamente el coronel Arce lo rescata, es este Teniente que lo identifica plenamente a Bascopé ya que se encontraba a menos de medio metro en el momento que realiza los disparos”, relató.
Apuntó que en el desarrollo del juicio, Bascopé no pudo desvirtuar ninguna prueba presentada por la parte acusadora.
“Los familiares respaldamos plenamente el dictamen de juez es más deberían sentenciarle 30 años por cada muerte”, dijo.
DATOS
El sábado 19 de octubre de 2013, un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta conformado por 141 efectivos, entre policías, militares y miembros de Umopar, estos últimos armados, llegaron a las 05.30 aproximadamente a la localidad de Miraflores, para iniciar el operativo de erradicación de coca excedentaria.
La comunidad había decidido rechazar la erradicación un día antes y para ello todos los comunarios de la región, incluso quienes no se dedicaban a la siembra de coca, fueron obligados a apoyar.
Según la sentencia, los comunarios superaban en número y capacidad de fuego a los uniformados. Como resultado se registró cuatro efectivos fallecidos, en un proceso aún no esclarecido.