Saludables acciones medioambientales

El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud, es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. El objetivo de los derechos medioambientales es básicamente la protección de la salud y la vida, estos derechos se constituyen en una extensión de los derechos fundamentales, per se.

El Estado debe asumir la función (ineludible) de proteger, precautelar, prevenir, además de evitar, reducir o eliminar la contaminación ambiental, dotar de contenido a los derechos constitucionales medioambientales; hasta la fecha el Tribunal Agroambiental no cuenta con su Código Procesal. La Constitución Política del Estado (CPE) señala en sus artículos 9, 33 y 298 que los gobernantes están obligados a desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar un ambiente sano y libre de contaminación.

Lo que no siempre suele ocurrir, a guisa de ejemplo, lo sucedido a principios de 2019, cuando la ciudadanía paceña fue anoticiada que una macrocelda del relleno sanitario de Alpacoma (Achocalla) se había roto, puso al descubierto una serie de falencias en el manejo de desechos sólidos y líquidos, se habló de un verdadero “desastre ambiental”, poco después afloraron contradicciones entre autoridades nacionales y subnacionales, hubo reproches mutuos, casi todas las instituciones estatales deslindaron responsabilidades, tuvieron que pasar muchas semanas para que puedan ponerse de acuerdo.

La ciudad se vio muy afectada, algunas calles se volvieron intransitables, no solo por los olores nauseabundos sino también por la basura acumulada y esparcida por todos lados.

Al poco tiempo algunos “defensores del medio ambiente” plantearon una Acción Popular al Tribunal Constitucional Plurinacional, debido a que la sociedad había sido afectada; según el Art. 135 de la CPE dicha acción “procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, (…) el medio ambiente y otros de similar naturaleza…”, sin embargo, la sanción a los autores del daño ambiental fue algo difuso y confuso, puesto que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz fueron exonerados y casi toda la culpa recayó en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pese a que la CPE establece que el medio ambiente es parte de las competencias concurrentes.

El poco compromiso o responsabilidad que demuestran las autoridades en temas medioambientales debiera ser motivo de preocupación; en el caso descrito no hubo niveles de coordinación adecuados, por el contrario, afloraron posiciones de indolencia, de indiferencia, de intransigencia y hasta posiciones irracionales cuando algunos vecinos de El Alto (dado el cierre temporal del mencionado relleno sanitario) se opusieron a que se lleve basura a sus espacios territoriales.

El problema fue solucionado transitoriamente a partir del acuerdo que hubo entre autoridades municipales de La Paz y El Alto, quienes acordaron que la basura fuera depositada momentáneamente en el municipio alteño hasta que se defina un nuevo lugar en la jurisdicción de La Paz, el cual todavía se hace esperar, por lo que puede volver a resurgir el conflicto.

La sociedad requiere que el Estado promueva acciones concretas en la conservación y cuidado del medio ambiente, como las realizadas por el francés Alexis Dessard, quien, junto a muchos voluntarios, se “atrevió” a limpiar el cementerio de trenes en Uyuni, el lago Uru Uru en Oruro, el río Rocha en Cochabamba y por último el lago Titicaca en Copacabana. Al parecer dichas labores han motivado a algunas autoridades gubernamentales (espero no estar equivocado) a dejar el apoltronamiento y, por ello, no han escatimado su apoyo al ciudadano francés a fin de que la limpieza sea más efectiva. No se debe perder de vista que todos los bolivianos tenemos derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.

El autor es Politólogo – Abogado, Docente Universitario (Trabajo Social – UPEA).

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