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Por reelección indefinida
- Señalan que, bajo las actuales circunstancias, está en peligro el respeto a la voluntad popular expresada en el voto de la población en el referéndum que negó a Evo Morales la posibilidad de presentarse a una nueva elección el año 2016.
Los legisladores de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo se pronuncie sobre las resoluciones de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalan la reelección indefinida en el país y desconocen la voluntad popular del referéndum de 21F.
El jefe de bancada en diputados por esta alianza política, Carlos Alarcón, manifestó que ante las recientes determinaciones del TCP, negando la posibilidad de anular una sentencia en la que se avala la reelección indefinida como un derecho humano, es preciso tomar acciones que busquen revertir esta decisión.
Señaló que, bajo las actuales circunstancias, está en peligro el respeto a la voluntad popular expresada en el voto de la población en el referéndum que negó a Evo Morales la posibilidad de presentarse a una nueva elección el año 2016.
“Mantienen a rajatabla la reelección indefinida, desconociendo y vulnerando cuatro artículos de la Constitución y, sobre todo, el voto del ciudadano en el referendo del 21 de febrero de año 2016. Han sido 2.682.517 votos que optaron por mantener la prohibición de la reelección indefinida” dijo.
Alarcón recordó que nuevamente el TCP mediante una resolución, rechazó una solicitud de nulidad para la sentencia 0084, en la que se establece que la reelección indefinida es un derecho humano, por lo que es necesario pedir que instancias internacionales sobre derechos humanos se pronuncien al respecto.
“Si nos quedamos de brazos cruzados la reelección indefinida, vulnerando la soberanía del pueblo en el referéndum y vulnerando la constitución, no va haber forma de revertirla en el orden interno”, señaló Alarcón.
Precisó que se solicita a la CIDH reconozca que las determinaciones del TCP son una vulneración directa al derecho de los electores que participaron del referéndum en 2016 y que optaron por negar la solicitud planteada.
Además, se pide que se establezca la necesidad de contar con un mecanismo que pueda revertir sentencias que violan normas específicas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Es la única forma que tenemos de revertir estas decisiones del TCP porque no hay forma o manera en el orden interno para revertir estas determinaciones”, señaló.
