Desde hace muchas décadas está comprobado que cualquier medida o política que adopte el gobierno para superar toda crisis económica tiene que cumplir, previamente, con el principio de gastar menos y producir más. La solución es simple y todo depende de que tome conciencia de que debe actuar con mucha firmeza y energía –así fuese sacrificando su popularidad– consigo mismo y sus colaboradores que no podrán darse “licencias operativas a caprichos y creencias de saber más”, cuando, generalmente, se sabe poco o nada. Entre esas licencias está el caso de las empresas públicas que no deben trabajar al azar, a creer que están bien manejadas cuando les falta mucho por hacer para alcanzar metas, produciendo y haciendo vislumbrar posibilidades de triunfo. Muchos estudios fueron hechos para reestructurarlas y dirigirlas con criterios profesionales técnicos, eficientes, de excelente administración, pero que han quedado archivados.
Cada gobierno dijo que, bajo su administración, cada una se convertirá en entidad productiva y rentable; pero la realidad fue contraria a promesas y hasta juramentos. Lo cierto es que fueron creadas para trabajar por el país, pagar las inversiones hechas en ellas, cancelar oportunamente sus deudas, producir utilidades, diversificar su economía, cooperar al desarrollo y progreso de la empresa y contribuir seriamente a la solución de los problemas del país. Hasta ahora ¿qué se ha hecho? Ser deficitaria y depender de ayudas del gobierno, cooperar con el partido y ser una rémora para el Estado por convertirse en carga muy pesada e insoportable para el gobierno.
De todas las empresas públicas la mayoría confronta situaciones críticas y las mismas empresas entregadas para ser “productivas y rentables” a las Fuerzas Armadas, sufren quebrantos muy serios y casi nunca se conoce su situación, lo que produce y gasta. Todo ello nunca ha tenido un administrativo responsable y, si presentó “buena cara”, fue simple propaganda y demagogia al servicio del gobierno y partido de turno. El gobierno, conforme a sus promesas y propósitos, tendrá que reestructurar las empresas del Estado que han sido puestas bajo su administración; deberá actuar sobre cada una de ellas, con criterio científico y técnico, con profesionales de gran prestigio y eficiencia comprobada, prescindir de todo lo que favorezca al partido y a conveniencias personales. Lo cierto es que la mayor parte de los problemas económicos del país podrían solucionarse con intervención eficaz, honesta y responsable de las empresas públicas; pero, para ello son urgentes: energía, eficiencia y coraje en gastar menos y producir más. ¿Querrá y podrá aceptar los desafíos el gobierno del presidente Arce?
Muchas veces se pidió a los gobiernos que actúen decidida y decisivamente en pos de reestructurar y reorganizar las empresas del Estado; pero parece que, como se trataba de bienes nacionales, “había que dejarlo pendiente por no haber dinero o porque muchos profesionales que estaban en el exterior no querían trabajar en ellas”. Pretextos de este tipo menudearon y quienes estaban a cargo no tuvieron interés en comprender que la buena marcha de esas entidades lograría ayudar a sacar al país de la pobreza y, además, sería ejemplo para las otras. Lo cierto es que ningún gobierno tomó interés en corregir conductas arbitrarias que por décadas tuvieron vigencia. El gobierno del presidente Arce podría disponer cambios en las conductas para que sean cambiados procedimientos irresponsables, con la seguridad de que es posible que, con buena voluntad, eficiencia y eficacia, con dosis de honradez y responsabilidad, es posible que las empresas públicas sean rentables y diversificadoras de la economía nacional.
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