Justicia cuestionada por injerencia política

Después de que el Parlamento Europeo criticara la falta de imparcialidad e independencia de la justicia boliviana, el abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que la judicialización de la política es peligrosa porque atenta contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica de las personas y el principio de legalidad.

La resolución del Parlamento Europeo que cuestiona la administración de justicia en Bolivia ha sido aprobada por 396 votos a favor, incluyendo a populares, liberales, conservadores y de ultraderecha. En contra han votado 267 diputados, con los grupos socialdemócrata, verde y la izquierda en bloque y 28 abstenciones.

En la resolución se denuncia principalmente la detención “arbitraria e ilegal” de la expresidenta Jeanine Añez, quien se encuentra con detención preventiva desde el pasado 14 de marzo, imputada por sedición, terrorismo y conspiración, en el caso por presunto golpe de Estado, en noviembre de 2019.

En criterio del abogado Vera, el delito de terrorismo es muy amplio en sus elementos constitutivos ya que cualquier hecho podría ser considerado como tal.

“Eso es muy peligroso porque atenta a un Estado de Derecho, a la seguridad jurídica de las personas y al principio de legalidad, eso tiene que ser revisado por nuestro poder legislativo”, apuntó.

“Considerando que la CIDH ha subrayado que determinadas leyes antiterroristas bolivianas violan el principio de legalidad al incluir, entre otras cosas, una definición exhaustiva del terrorismo que inevitablemente resulta demasiado amplia o imprecisa; que los Estados deben respetar el principio de legalidad al definir los delitos; que aún están pendientes de resolución las denuncias presentadas ante el TCP para exigir que el artículo 123 sobre el delito de sedición y el artículo 133 sobre terrorismo del Código Penal se declaren inconstitucionales por violar presuntamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución boliviana”, se lee en parte del documento aprobado por la Eurocámara.

“Considerando que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana define la separación y la independencia de los poderes públicos como un elemento esencial de la democracia representativa; que el artículo 8 del Pacto de San José pone de relieve las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva; que varias organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el uso indebido de los mecanismos judiciales en Bolivia y por el hecho de que cada vez se usan más como instrumentos represivos por parte del partido gobernante; que el presidente Arce, recientemente elegido, prometió que durante su Gobierno no se ejercería presión política alguna sobre los fiscales y los jueces”, también señala el documento.

NEURONA CONSULTING

Asimismo, la Eurocámara planteó que Bolivia reabra la investigación sobre pagos a la consultora Neurona Consulting, vinculada al partido político Podemos de España.

“Pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Morales de 1,6 millones USD de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona”, se lee en el documento.

Una publicación de diciembre de 2019 de OkDiario refiere que la Fiscalía señaló siete delitos en las ocho contrataciones del Gobierno de Evo Morales con Neurona Consulting, la empresa vinculada a Juan Carlos Monedero que elaboró las últimas campañas electorales de Podemos.

De acuerdo con la publicación los delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconoÌ�mica.

La denuncia, fechada a 29 de noviembre de 2019, relata todo el listado de presuntas irregularidades cometidas en estos ocho contratos, que suman 12 millones de bolivianos (más de un millón y medio de dólares) entre 2017 y 2018.

En primer lugar, se apunta que no se aplicaron las normas de contratación adecuadas. Es decir, se usó la normativa para contrataciones en el extranjero, con unos requisitos más laxos, pese a que el trabajo se realizaba en el país.

En segundo lugar, señala que no se justificó correctamente con informes por qué hacían contrataciones directas. En este sentido, existían más empresas en Bolivia capaces de hacer estos trabajos de vídeos promocionales para redes sociales y documentales de publicidad institucional.

ALIADOS DE

EVO MORALES

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Aliga, manifestó a EL DIARIO, que la resolución del Parlamento Europeo es sorpresivo porque siempre respondieron al gobierno de Evo Morales.

“Para Europa solo existía Evo Morales y esta resolución que tuvo un apoyo de 396 parlamentarios es muy importante, porque quiere decir que los europeos han cambiado su visión sobre Evo Morales. Esto no hubiera sido posible en años pasados. Las declaraciones de (Juan Ramón ) Quintana y el MAS ha puesto en evidencia un hecho complicado, porque para justificar que en el país hubo golpe de Estado han dicho que han dado plata tanto la Unión Europea, Francia, Inglaterra”, recordó.

En esa misma línea, el abogado Vera lamentó que los “masistas” estén llevando a una confrontación permanente y recurrente entre todos los bolivianos.

“En caso de que se continúe con esta situación puede haber sanciones similares a los que ha acontecido en la República de Venezuela, las sanciones podrían ser catastróficas y creo que ningún boliviano se puede permitir esa situación”, dijo Vera.