El pronunciamiento de Simón Amaru, representante de la coordinadora de defensa de la democracia del MAS, para crear constitucionalmente milicias en reemplazo de las FFAA y Policía Nacional, es parte de un plan de operaciones psicológicas para seguir desviando la atención de la sociedad de los principales problemas por los que atraviesa el país y el partido gobernante. Pero también esta propuesta tiene múltiples aristas: desde el punto de vista legal, político, social, económico, militar y geopolítico. Si bien la libertad de expresión es un derecho, pero esta es una petición que nace al margen de la ley, porque “ningún partido político o caudillo puede formar grupos armados con sus militantes para defender su gobierno y ampliar su mandato indefinidamente”. Infringiendo el Art 124.3 de la CPE, 133 del Código Penal, concordante con el Art. 64 del Código Penal Militar, debiendo la máxima autoridad militar aplicar el Art. 16 del Código de Procedimiento Penal Militar, porque no cabe duda que una organización de esta naturaleza después de nacer, “crecen y luego se expanden”.
Las evidencias de la existencia de esta milicia campesina Pro-Masista son las siguientes: -Apariciones de grupos armados en octubre y noviembre de 2019 y a principios de 2020, lanzando amenazas para sembrar el terror. -Ponchos rojos de Warisata con armas militares en apronte; -Personas designadas por la dirigencia del MAS, que fueron entrenadas en tácticas y adoctrinamiento en distintas unidades militares en Montero, Sanandita, Chapare, Cochabamba y otras guarniciones. -Creación y vigencia de la policía sindical en el trópico de Cochabamba, que protegen a las seis federaciones de cocaleros. -Policía minera. -Robo de armamento. -Enorme financiamiento para movilizar gente, antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales. -Fabricación artesanal de explosivos y bombas molotov, parte de ellos encontrados en el Ministerio de Turismo. -Fabricación artesanal de Morteros descubiertos en sacaba (Huayllani) en manos de campesinos (arma típica usada en Nicaragua). -Facundo Molares, argentino, miembro de las FARC, alias: Camilo, herido en las protestas de 2019, hoy goza de libertad. -Protestas de personas afines al régimen de Evo Morales, con la consigna de “guerra Civil”. La noche del terror en la ciudad de La Paz. -Martin Serna, ciudadano peruano, miembro del MRTA. relacionado con los TUPAMARU del Uruguay, quien acarreaba instructores milicianos al Chapare, está prófugo. -3 ciudadanos cubanos detenidos el 2020, por realizar actividades de desestabilización. -Simón Amaru reconoce que la coordinadora tiene “amigos” venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Estos estarían en el país para entrenar, capacitar y operar en cualquier parte del territorio nacional, previo adoctrinamiento y capacitación en la guerra asimétrica. -El gobierno de Jeanine Áñez identificó a dos células terroristas integradas por extranjeros que operan en Bolivia y también en Perú, Chile y Colombia. Este grupo de campesinos pro-masistas estaría conformado por Unidades (de milicianos) y por Células (tácticas) cuya metodología de lucha, al no contar con aviación, lanza-cohetes, armamento pesado ni explosivos de alta capacidad, aplicarían la “guerra de la pulga” o con otra denominación, pero las tácticas serían las mismas.
Esta es la auténtica realidad, y no hay punto de comparación de una milicia con las FFAA de la nación; las primeras tan solo sirven a los enemigos de la Patria y a un caudillo local, mientras que las segundas estarán al servicio de los bolivianos y obrarán con arreglo a lo dictado por sus conciencias. Las principales autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir su juramento a la nación y defender el patriotismo con hidalguía antes que sea demasiado tarde y nos arrebaten la paz y la libertad.
El autor es abogado-Cnel. (SP),
docente universitario.
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