Evitemos que se cierren más empresas

El Gobierno, los trabajadores y los empresarios debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que se cierren nuevas fuentes de trabajo. El accionar conjunto de los tres sectores podría traducirse no solo en estabilidad laboral sino también en nuevos empleos, más exportaciones y, consecuentemente un mayor ingreso de divisas para el país, con seguridad jurídica y un adecuado clima de negocios.

Los anuncios, cada vez más frecuentes, de ofertas de venta o alquiler de ambientes laborales y predios abandonados son producto, en la mayor parte de los casos, del cierre de alguna actividad económica en el país. Los empresarios arriesgamos nuestro patrimonio, la familia y nuestra estabilidad.

Una empresa que cierra deja mucho por detrás, empezado por personas sin trabajo, sueños rotos de algún emprendedor y, lo que podemos llamar efectos colaterales, no cierra sola porque afectará a muchas otras actividades como proveedores, financistas, transportadoras, servicios de contabilidad o de limpieza, por citar solo algunas.

Y, esta cadena se puede extender con efectos verdaderamente preocupantes hacia toda la economía. Un país en el que se cierran empresas ve automáticamente reducidos sus ingresos por concepto de recaudación de impuestos, no es atractivo para nuevas inversiones y tampoco es “buen” sujeto de crédito.

Los empresarios somos conscientes de este riesgo, por eso insistimos en que el gobierno sea cuidadoso al tomar algunas decisiones que podrían poner en riesgo la estabilidad laboral.

Creo que todos los actores en el quehacer económico debemos responder con claridad a esta disyuntiva: qué resulta más caro: ¿prevenir el cierre de una empresa o cerrar la empresa? La respuesta, para nosotros, es clara: al evitar el cierre de una empresa se evita muchos más problemas, tanto al propio país como a los directos involucrados, los trabajadores.

Los empresarios plantean congelar el incremento salarial este año debido a los problemas que tuvo este sector por la pandemia, y advierten que por cada punto de aumento al Salario Mínimo Nacional (SMN) se podría perder 10.000 empleos formales, con un costo de más de 100 millones de dólares para el Gobierno y los empresarios.

A los efectos del Covid-19 en el país debemos añadir los problemas generados por el gran flagelo del contrabando, con más de 3.000 millones de dólares de ingreso ilegal de mercadería, afectando los ingresos del gobierno y la actividad empresarial, que castiga con mayor fuerza al sector productivo nacional, entre los que también debemos incluir al sector agropecuario y los productores de leche y otros.

Para Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), algunas medidas del Gobierno “no aportan a la reactivación económica, sino que afectarán al aparato productivo y agroindustrial, con impactos en las inversiones y, por tanto, en los empleos de los bolivianos. El sector agro industrial oleaginoso estaba esperanzado en la aprobación de semillas genéticamente mejoradas, ya que su aplicación incrementaría los rendimientos de granos de soya y con ello, a mediano plazo, las industrias podrían utilizar la totalidad de su capacidad de molienda, que hoy está en un 60 %”.

No olvidemos que el año pasado, debido a los efectos económicos de la pandemia, sumado a los conflictos sociales y políticos, en el país se cerró casi una compañía industrial cada día. De las 4.656 matrículas canceladas a octubre del año pasado, 317 pertenecían al sector industrial.

En los primeros 60 días de la cuarentena rígida sólo el 20 % de las industrias pudo realizar actividades económicas, mientras sus obligaciones, como gastos tributarios, salarios, créditos y de la seguridad social, se mantuvieron inalterables. Por esto las industrias pasaron de generar utilidades a reportar pérdidas.

Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), hay unas 400 mil personas desempleadas en el país, por lo que urge un pacto público-privado para trabajar en temas de empleo, tributarios y financieros y así reactivar el crecimiento de la economía. Hemos tenido el año pasado más de 11 % de caída del PIB, uno de los momentos más difíciles de nuestra historia económica.

En el tema laboral, en nuestro país tenemos 400 mil personas desempleadas, tenemos que encontrar regulaciones, incentivos a la generación de empleo, la implementación del programa de creación de empleo, que ya está siendo manejado por el Gobierno y otras acciones junto a los empresarios.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), fue enfático al señalar que la pandemia y la cuarentena del año pasado nos enseñaron que el mundo llegó a una recesión comparable a la de 1929.

En 2020 las ventas cayeron 1.900 millones de dólares, por la menor demanda de minerales e hidrocarburos, mientras el sector agropecuario logró crecer en un 2 %. Se tuvo ventas récord de carne, especialmente a China, sin que haya aumento de precios en el mercado interno.

En síntesis, precautelando las empresas nacionales, promoviendo las exportaciones no tradicionales y luchando contra el contrabando no solo saldremos de la crisis que vivimos, sino daremos los pasos iniciales para una verdadera recuperación de la economía nacional.

El autor es Economista, Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales y Académico de Número de la ABCE.