Como el desempleo tiene “cara para todo”, se dice que contar con puestos bien rentados en la economía informal es lo más fácil. Todo cargo cuenta con “funcionarios dispuestos a todo” (y hacen cola ante las puertas del jefe). Esta ha sido siempre una realidad imperante en todo tiempo porque, de entrada, se cree que “trabajar con el gobierno no solo garantiza un sueldo sino suplementos que sobrepasan con creces lo fijado en planillas. Esta es verdad imperante que hace ineficientes, ineptos y hasta irresponsables a muchos gobiernos que no pueden controlar a burocracias corrompidas que “saben en qué pared se apoyan”, porque confían en la debilidad de las autoridades, no creen en sus promesas y juramentos al asumir un cargo; están previstas conductas ineficientes, con tal de conseguir resultados que “satisfagan al partido y al jefe” (casi siempre hay un dicho popular que, se dice, justifica todo).
Está comprobado que la ineficiencia funcionaria perfecciona y acelera la corrupción, un problema que ningún gobierno puede contener y menos anular. Hay conciencia en muchos funcionarios públicos de que las conductas malsanas y contrarias al bien común son controladas y apoyadas por muchos “altos jerarcas” porque reciben una parte. Esta realidad prima no solamente en nuestro país sino en la mayoría que cuenta con burocracias capaces de cualquier conducta dolosa debido a las inmensas fortunas que implica trabajar en despachos donde importa el cargo por lo que significa y nunca por el sueldo que está bien para figurar en planillas.
La ineficiencia funcionaria es, quiérase o no reconocer, consecuencia de la ausencia de institucionalidad que desde hace muchos años sufre el país. El hecho de que los cargos públicos son distribuidos conforme a intereses partidarios sin tomar en cuenta idoneidad, merecimientos profesionales y virtudes plenas de valores, da lugar a que la corrupción se apodere de entidades que, manejadas por funcionarios improvisados, están a la deriva porque no hay merecimientos ni virtudes para cumplir deberes con el país y solamente hay intereses creados y conveniencias personales. El gobierno, por propia responsabilidad, debería –conjuntamente el Poder Legislativo—institucionalizar todas las dependencias gubernamentales con miras a reemplazar la ineficiencia, la inmoralidad funcionaria, la ineficacia, el nomeimportismo y otras condiciones negativas que hacen desconfiables a las dependencias del gobierno, en detrimento del Estado.
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