Demandas internacionales por los derechos humanos

El Parlamento Europeo o Euro Cámara, que es el organismo equivalente al Órgano Legislativo, donde están los representantes de todos los países que conforman la Unión Europea, se ha pronunciado sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, a raíz de la persecución y detención de la ex presidente transitoria Jeanine Añez y algunos de sus colaboradores, con el argumento de que en noviembre de 2019 se habría producido un golpe de Estado, cuando en verdad miles de ciudadanos se movilizaron en protesta por el grosero fraude electoral a favor del MAS en las elecciones de octubre de ese año.

La Euro Cámara en su resolución pide al gobierno que preside el señor Arce Catacora que, en cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos, ponga en libertad a la ex presidente y cese la persecución político-judicial contra las autoridades del gobierno transitorio, además que el Órgano Judicial sea independiente en sus actos y no servil al poder político coyuntural. Así se pronunció: “Insta al Gobierno de Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular respecto a su composición con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, con imparcialidad y tutela judicial efectiva (…) libre de interferencias por parte de otras instituciones estatales”.

De la misma manera, la Asociación de Juristas de Iberoamérica (Asjurib) exhortó al gobierno boliviano a cumplir con los tratados y convenios en materia de derechos humanos, que además se hallan constitucionalizados en nuestra Carta Magna, pues todo tratado obliga a las partes a su cumplimiento y cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo que recomendó cambios en la justicia, procesos justos e imparcialidad.

Estos y otros pronunciamientos, incluso de altos personeros de Naciones Unidas y de presidentes de países americanos, sugiriendo a las autoridades del actual gobierno cumplir con la obligación de tutelar, promocionar y defender los derechos humanos, como disponen las normas sobre esta importante materia.

Las voces de extraviados asambleístas del oficialismo que reclaman la no injerencia en asuntos internos, debido a los varios pronunciamientos, sólo ratifican el desconocimiento de estos asambleístas en materia de Derecho y más aún en cuanto a Derecho Internacional, como son los derechos humanos, pues el artículo segundo de la declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona”. Es decir que no hay excepciones condicionales de país o territorio, ni límites para el tutelaje de los derechos y libertades proclamadas en la declaración, como reza el artículo primero.

Es bueno hacer conocer a los asambleístas del oficialismo que las normas que emergen de los tratados, convenios, acuerdos etc., se basan en el principio jurídico de “pacta sunt servanda”, es decir, lo pactado debe cumplirse, en el caso del gobierno boliviano, el cumplimiento de las normas internacionales sobre el tutelaje de los derechos humanos.

Los pronunciamientos internacionales que demandan el cumplimiento de las normas sobre los derechos humanos se han hecho públicos en el mundo, que seguramente nos mira como una sociedad sometida al caudillaje populista, donde son atropellados los derechos más elementales de la condición humana.

Poco o nada va a poder hacer la política exterior del actual gobierno, pues como dice en una nota periodística en un periódico colega, con el título: Los Dulces que Arce Ofrece a Chile, la historiadora chilena Loreto Correa Vera: “Desde Chile nos preguntamos si es que todos estos silencios son el costo efectivo del desmantelamiento de la cancillería o son los costos del hombre que está detrás del poder; uno que habló de dañar a la economía chilena”. La historiadora se refiere a la actual situación del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha prescindido de todo su personal capacitado y al expresidente Morales. Prosigue la nota: “¿Con que institucionalidad y qué personas debería entenderse Chile? ¿Será el Canciller (de Bolivia) quien en una entrevista hace un par de semanas señaló que la culpa de la migración venezolana era de Estados Unidos?”.

Como inferimos, la deplorable situación política de nuestro país tiene, en buena parte del mundo, una mirada negativa, pues la política y relaciones de todos los países están condicionadas a una profunda interrelación, donde ya no se puede afectar impunemente los derechos y libertades y donde los actos y declaraciones de los individuos y gobernantes son para todo el orbe.

El autor es Abogado, Politólogo y escritor.