Siete exautoridades de Añez con detención preventiva

Imputados por supuestos delitos, siete exautoridades de la gestión de la presidente Jeanine Añez fueron enviados con detención preventiva. Dos extitulares de Salud guardan detención domiciliaria y existe órdenes de aprehensión contra al menos cuatro exministros. La misma expresidenta se encuentra tras las rejas por un presunto golpe de Estado.

Las aprehensiones y posterior encarcelamiento de exautoridades iniciaron con diez después de que Luis Arce jurara como presidente del Estado. El primero de la lista fue el exdirector de Migración, Marcel Rivas, quien fue aprehendido el 19 de noviembre de 2020 y enviado con detención preventiva un día después, al penal de San Pedro de La Paz.

Rivas fue imputado porque supuestamente ayudó a que los exministros Fernando López y Arturo Murillo salieran del país, sin embargo, la exautoridad recordó que, gracias a un convenio suscrito en enero de 2020, la Fiscalía pudo activar la alerta migratoria de manera directa, sin recurrir a hojas de ruta a Migración.

La detención preventiva de Rivas feneció el 21 de marzo de 2021, empero la justicia amplió la misma por tres meses más, computables a partir del 16 de abril. Karlo Brito, abogado que patrocina a la exautoridad, cuestionó la decisión y denunció que se está vulnerando los derechos de su cliente.

DETENCIONES POST

SUBNACIONALES

El pasado 12 de marzo, después de las elecciones subnaciones, antes del balotaje en cuatro departamentos, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán fueron aprehendidos en Trinidad (Beni) y trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Según denunciaron los abogados que patrocinan a las exautoridades, la aprehensión de sus clientes se dio sin haber sido citados para prestar sus declaraciones informativas, como señala la norma.

La madrugada del 13 de marzo, también en Trinidad, fue aprehendida la expresidenta Jeanine Añez. El mismo día detuvieron a dos de sus sobrinos, quienes el 14 de marzo obtuvieron medidas sustitutivas, luego de enfrentar una audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público los imputó por presuntamente impedir y estorbar en el cumplimiento de sus funciones.

Juan Carlos Añez, padre de los jóvenes, indicó que el juez determinó tres elementos: que sus hijos se presenten cada mes ante él, arraigo para que no salgan del país y que no pueden tener contacto directo con su tía. Uno de ellos denunció que fue torturado y presentó cuatro días de impedimento.

También el día 14 de marzo de 2021, tras más de diez horas de audiencia virtual instalada en celdas policiales, Jeanine Añez (2019-2020) escuchó la resolución de la jueza Regina Santa Cruz que ordenó su encarcelamiento preventivo por cuatro meses. La medida también fue aplicada a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

Las tres exautoridades fueron imputadas por terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso por un supuesto golpe de Estado denunciado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

La declaración de Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, quien fue mensajero del exfiscal que dirigió las pesquisas del supuesto caso de terrorismo (2008), Marcelo Sosa, fue validada por el Ministerio Público para imputar y enviar con detención preventiva a las exautoridades.

De acuerdo con la imputación formal contra las tres exautoridades, De la Fuente hizo un recuento de todos los hechos acontecidos desde las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales.

Óscar Antonio de la Fuente Amelunge fue señalado por Zvonko Matkovic como uno de los “mensajeros” de Sosa, para extorsionar a su familia a cambio de su liberación en el caso Rosza.

Según publicaciones de prensa, en 2009, De la Fuente fue denunciado por haberse hecho pasar como “asesor” del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, hoy ministro de Defensa, y en 2017 fue acusado por presunta extorsión al excomandante de la Policía Abel de la Barra.

En la resolución de imputación formal contra las tres exautoridades, están las supuestas acciones que Añez cometió para “obligar” a la renuncia de los entonces presidentes de ambas cámaras legislativas, Adriana Salvatierra del Senado y Víctor Borda de Diputados.

De acuerdo con la imputación, Añez “logró” que ambos presidentes legislativos renuncien entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, para asumir la Presidencia del Estado “de manera amañada”, aunque confunde la fecha, pues ambos militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) dimitieron a sus cargos el domingo 10, horas antes de la renuncia de Evo Morales.

ANH

El jueves 1 de abril, el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar Penal de la ciudad de El Alto otorgó detención preventiva por seis meses en el penal de El Abra, de Cochabamba, para el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el general del Ejército en servicio pasivo, Luis Fernando Valverde, imputado por el caso Senkata.

El Ministerio Público imputó al exdirector de la ANH por los delitos de homicidio, además de lesiones graves y leves, presuntamente cometidos durante los conflictos registrados en noviembre de 2019 en inmediaciones de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata en la ciudad de El Alto.

El argumento de la Fiscalía para imputar al exdirector de la ANH es que él presuntamente ordenó el retorno de los blindados de las Fuerzas Armadas (FFAA) hacia Senkata, siendo que se supuestamente se reunió en la puerta de ingreso a la planta, con altas autoridades militares para ordenar la acción violenta sobre la gente.

El Ministerio Público sustenta su hipótesis en siete testimonios de efectivos militares y dos informes.

Al respecto, la abogada Jalith Mariño que patrocina a la exautoridad cuestionó que la Fiscalía no presente prueba objetiva que demuestre que su cliente ordenó el retorno de los blindados a Senkata, siendo que, en su calidad de director de la ANH, no podía dar instrucciones a militares.

UIF

El pasado 23 de abril, el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción dispuso la detención preventiva de la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Aida Melean, por el lapso de cinco meses, a cumplirse en el penal de San Roque de Sucre.

Melean fue imputada por los presuntos delitos de estorbar e impedir el ejercicio de funciones, allanamiento y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, por la intervención irregular a predios de la UIF el 16 de octubre de 2020.

El fiscal Alejandro Gamboa informó que la sindicada, acompañada de personal policial dependiente del Ministerio de Gobierno, ingresó de manera ilegal a la UIF, antes de que se emita de manera oficial la resolución de su designación.

ENTEL

Ayer, el exgerente de Entel S. A, Eddy Luis Franco, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, imputado por el presunto desvío de $us 390.000 a una empresa “fantama” en Perú, ocurrido entre marzo y noviembre de 2020.

De acuerdo a la declaración informativa del exgerente de Entel, ante la Fiscalía, dos personas que fungían como secretarias de su despacho fueron implicadas en el presunto desvío de $us 390.000 de la empresa telefónica al haber usado un sello con firma.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, manifestó que las exfuncionarias serán investigadas y deberán esclarecer si recibieron autorización para utilizar dicho sello.

DETENCIONES DOMICILIARIAS

El 19 de abril, la justicia ordenó una fianza de Bs 70 mil, arraigo, presentación ante la Fiscalía cada viernes y detención domiciliaria sin derecho a trabajo, para la exministra de Salud, Eidy Roca, quien deberá permanecer en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El abogado Carlos Camacho que patrocina a Roca calificó de “aberrante” la determinación judicial, cuando su cliente es una persona de la tercera edad y con problemas de salud que debe ser atendida regularmente.

La exautoridad está imputada por la compra de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio. Camacho aclaró que su cliente no participó en ninguna de las fases de la compra de esos equipos que según el Gobierno figuran como respiradores, pero en realidad son ventiladores y el precio es distinto.

El 25 de mayo de 2020, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, sin embargo, debido a una descompensación, horas después, fue internado de emergencia en una clínica de La Paz con un cuadro de problemas cardiacos.

El 18 de junio de 2020, la justicia le otorgó detención domiciliaría. Navajas fue implicado en el caso de la compra de 170 ventiladores españoles con presunto sobreprecio.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Cursan órdenes de aprehensión contra los exministros Arturo Murillo y Fernando López, por la supuesta compra irregular de gases lacrimógenos y equipos antidisturbios, además de otros casos.

Asimismo, existe una orden de aprehensión en contra del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, como parte del proceso por supuestas irregularidades en la compra de seguros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El 18 de marzo, familiares y amigos denunciaron que el hijo del exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, fue “secuestrado” por la Policía. Días antes la exautoridad se había declarado en la clandestinidad, porque pesa contra él una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, por el presunto caso golpe de Estado.

El mes pasado, la exministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, a través de una carta pública dirigida al pueblo boliviano, informó que decidió ponerse a buen recaudo ante las notificaciones de parte del gobierno nacional, con dos procesos penales por supuestos delitos que “nunca cometió”.