Oruro
El fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó el viernes que una comisión de fiscales investiga un presunto hecho de prevaricato, en un caso de sustancias controladas, donde probablemente existan resoluciones contrarias a la ley.
Los sindicados son José L. R. L., Nataly P. F. A y Roger G. M., miembros del Tribunal de Sentencia Segundo de la ciudad de Oruro, quienes actualmente se encuentran en calidad de aprehendidos.
“Una vez que se conoció el hecho, como Fiscal Departamental de Oruro remití los antecedentes del caso a la unidad de análisis para proceder a la apertura del proceso en el que también se hizo conocer el hecho a la Fiscalía General del Estado, quienes a través de la Dirección de Sustancias Controladas y la Dirección de Anticorrupción enviaron una comisión para hacer seguimiento al caso aperturado”, dijo Álvarez.
Según los antecedentes, el 6 de abril del año 2017 se reportó un hecho de narcotráfico en la ciudad de Oruro, donde se secuestró más de 730 kilos de marihuana que estaban siendo trasladados en un minibús, llegando a imputar a tres sospechosos, dos varones y una mujer.
En este caso, los miembros del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital de Oruro en juicio oral emitieron sentencia de cinco años de reclusión, únicamente para la mujer por el delito de tráfico de sustancias controladas en grado de complicidad, a pesar que ella declaró que no ayudó a cargar las bolsas encontradas con marihuana, no se aplicó la Ley 1008 (Art. 76) por tratarse de un delito vinculado al narcotráfico en volúmenes mayores. Los otros dos sujetos se dieron a la fuga.
Asimismo, el mismo Tribunal el 01 de abril de 2021 emitió sentencia condenatoria a 10 años de cárcel contra otro de los sujetos que participó en el hecho en calidad de autor del delito de transporte de sustancias controladas, aplicando nuevamente la Ley 1008. También se evidenció una contradicción en la emisión de sentencias del Tribunal, para ambas personas, ya que en el primer juicio se sentenció por el delito de tráfico y en segundo por trasporte de sustancias controladas, siendo que ambos corresponden a un mismo caso.
El caso de prevaricato se inició debido a que los fiscales de materia de la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas de Oruro hacen conocer al Fiscal Departamental ciertas irregularidades que se habrían suscitado en un juicio oral por delito de sustancias controladas donde se ha secuestrado más de 700 kilos de marihuana.
De acuerdo al Código Penal el delito de prevaricato señala que la jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años.