Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dispuesto a dirigirse a la marcha para establecer diálogo.
El Gobierno respondió a la plataforma de demandas presentada por la dirigencia de la novena marcha indígena, calificándola de “política” e “ideológica”. Mientras, se espera la respuesta del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, quien informará si asistirá a la convocatoria de las regionales que lo acusan de presunta intromisión y amenazan con destituirlo. Para el dirigente Lázaro Tacoó, el objetivo gubernamental es debilitar la novena marcha.
“El discurso que manejaba el Gobierno el año pasado (octava marcha), era el de afirmar constantemente que se han equivocado con la represión. Ahora su estrategia es descabezar a los principales dirigentes para, a la vez, desactivar la marcha”, afirmó respecto al intento de destitución en contra de Chávez.
De igual manera, indicó que la marcha no se debilitará pese a los amedrentamientos del Gobierno, que ahora se manifiestan a través de las organizaciones afines al oficialismo. Agregó que los comunarios de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, no confían en el intento del diálogo que propone el Ejecutivo, aunque dijo, asistirán de todas maneras.
“Esperemos que este diálogo sea sincero, después de todo siempre pedimos eso, pero no queremos que el Gobierno salga con un doble discurso después. Queremos confiar, aunque de hecho no es buena señal que el Gobierno haya observado nuestras demandas”, aseveró.
El fin de semana se informó que algunos dirigentes de ocho regionales pertenecientes a las 13 que conforman a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), acusaron a Adolfo Chávez, de “intromisión” al interior de esas entidades, por lo que decidieron convocarlo este 25 de mayo para dé una explicación al respecto. “Si no asiste, buscaremos su destitución”, dijeron.
A su turno, Chávez aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS), busca tomar posesión de la Cidob, por lo que retó al oficialismo a convocar a elecciones. “Si el MAS quiere la presidencia de la Cidob, que lo diga, pero también se convoque a elecciones y ahí se verá quien gana legalmente”.
“Los que me convocan hablan a nombre de las bases que los han desconocido como presidentes. Hay que tomar en cuenta que los principales dirigentes de estas bases firmaron un acuerdo para apoyar a la marcha”, sostuvo.
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer la respuesta del Ejecutivo respecto a las demandas de la movilización que se desarrolla en defensa del Tipnis.
Según la autoridad, el Gobierno observa principalmente que es el Estado quien debe administrar las áreas protegidas y no los comunarios como pide la marcha. Acerca de las demandas de saneamiento de tierras, Romero explicó que hasta la fecha se superaron los 13 millones de hectáreas a favor de los habitantes de Tierras Bajas. El resto de las demandas también fueron observadas por el aparato estatal, sin embargo se espera restablecer el diálogo con el sector, según informó Romero.
“Esas discrepancias que nos han expresado en su plataforma con carácter de la reconducción o reorientación del proceso de cambio ya no forman parte de la reivindicación social, ese ya es un debate político ideológico”, citó a tiempo de confirmar su asistencia junto a una comisión que dará alcance a los marchistas.
Por otro lado, la presidenta de la cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se refirió a la movilización indígena como “político partidaria”, aspecto que podría perjudicar el diálogo entre el Gobierno y la marcha, según citó.
DATOS
- La plataforma de 9 puntos presentada por los dirigentes de la novena marcha indígena, advierte principalmente el respeto al medio ambiente, los parques nacionales y la integridad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), así como la exigencia del cumplimiento de la Ley 180 y la abrogación de la Ley 222 de Consulta Previa, que viabilizaría la consolidación del proyecto caminero por el medio de la reserva natural.
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