Pese a la expectativa de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la próxima Asamblea de ese organismo, programada para el 3 de junio próximo a realizarse en Cochabamba, se encuentra en el grave riesgo de postergarse, debido a la crítica situación política que protagoniza nuestro país, aunque el vicecanciller se adelantó en afirmar que ese acontecimiento no se suspenderá ni postergará, ya que se trata de un evento de nivel internacional.
Las causas que preocupan para decidir el aplazamiento de esa reunión se fueron acumulando desde hace varios meses, cuando el país ingresó en una etapa de aguda agitación política a partir del frustrado anuncio del Gobierno para aplicar un “gasolinazo” y el desenlace de la Octava Marcha de los indígenas del Parque Isiboro-Sécure que culminó con una masiva demostración de la población, la misma que reflejó la existencia latente de una situación política convulsiva que, además, no dejó de agravarse en meses siguientes.
A esos factores se sumaron, durante las últimas semanas, otros notables signos de agitación social, los mismos que, a partir del paro de los médicos, “arrastraron” a una huelga general de la COB que duró tres días, el paro del transporte público en La Paz y otras ciudades, la incorporación al movimiento de los médicos, de enfermeras, sanitarios y estudiantes de Medicina, así como de otros sectores sociales de todo el país.
Por si fuera poco, en ese vigoroso movimiento social contra el Gobierno participan los indígenas marchistas del Parque Isiboro-Sécure, los mismos que son apoyados directamente y con fuerza creciente por las poblaciones urbanas del país y que se ha convertido en foco de agitación que podría alcanzar un nivel explosivo a medida que se aproxime la fecha de la Asamblea de la OEA en la localidad cochabambina de Tiquipaya.
Ese panorama de creciente agitación no pudo ser controlado ni mitigado por los negociadores del Gobierno y, pese a sus esfuerzos y amplios despliegues policiales, se mantiene latente con la amenaza de protagonizar una nueva escalada de disturbios en próximas semanas, creando, por supuesto, un ambiente negativo para la reunión de la OEA en la ciudad del valle. En efecto, la marcha de los indígenas del TIPNIS, la redoblada resistencia de los médicos, enfermeras, sanitarios, etc., la incorporación a la movilización social de los universitarios, las demandas salariales y otros varios aspectos más, permiten vislumbrar nubes tempestuosas en el horizonte que bien podrían servir de argumento para que los miembros de la OEA decidan pedir el atraso de la Asamblea para un tiempo en que la situación social boliviana ingrese en una etapa de por lo menos relativa tranquilidad y orden.
Desafortunadamente, también conspiran contra la 42 Asamblea de la OEA nuevos e inesperados factores como el clima de agitación social en Cochabamba contra la “suspensión” del decreto que sube a ocho horas el horario de trabajo de los médicos, la movilización de universitarios y estudiantes con el respaldo implícito de la Central Obrera Regional, sin que se deje de poner en consideración las palabras de diputados de la oposición que afirman que en el país se produce “un clima de caos constante, por lo que se debe pensar seriamente y como aconseja la prudencia, en suspender la realización de la Asamblea de la OEA”.
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