Cuando se esperaba el resultado de las enérgicas medidas que ordenó el Ministerio de Gobierno en la mina Sayaquira, a donde desplazó mil efectivos armados para restaurar el orden, de forma inesperada estalló otro conflicto laboral en la mina de indio Malku Khota, localizada en el límite de los municipios de San Pedro, provincia Charcas y provincia Andrés Ibáñez de Potosí. El conflicto en torno a una concesión minera para una empresa canadiense, derivó en violentos enfrentamientos entre campesinos comunarios, algunos de los cuales aceptan el emprendimiento industrial, mientras otros se oponen, al extremo de desatar la violencia.
Frente a esa situación, autoridades del Gobierno adoptaron medidas para controlar el anormal estado de cosas y dispusieron el envío de comisiones formadas por fiscales y policías. Pero, al contrario de todo pronóstico, los funcionarios oficiales fueron recibidos con una lluvia de piedras que hirieron de gravedad a una Fiscal y algunos policías fueron tomados como rehenes y sometidos a tratos poco menos que inhumanos, que fueron registrados por canales de televisión.
Buscando pacificar el ambiente, las autoridades volvieron a adoptar medidas para salir de la crisis, aunque sin mayores resultados, ya que volvieron a producirse enfrentamientos entre indígenas dejando el saldo de nueve heridos por impactos de piedras, mientras otros funcionarios eran cercados por los lugareños para aplicarles la “justicia comunitaria”, acto que, sin embargo, no prosperó gracias a la presencia de un párroco.
Al parecer, frente al incremento de esta ola de toma de minas, el Ministerio de Gobierno decidió adoptar nuevas medidas en esta propiedad para garantizar el derecho de propiedad de la firma South American, la misma que según sus voceros se acogió a todas las disposiciones constitucionales y legales y que, en ese sentido, está dedicada a exclusivas labores de exploración, esperando en un futuro a mediano plazo, realizar las actividades de explotación de indio y otros minerales. El metal que está buscando la firma canadiense es el indio, al tener noticia de que el yacimiento de Malku Khota sería uno de los más ricos a nivel mundial, y que podría convertirse en otro “metal del diablo” o “maldito” en la historia de Bolivia.
Entre tanto, el enfrentamiento por el indio entre indígenas radicaría en que una parte de ellos estaría interesado en activar una supuesta organización cooperativa en terrenos que fueron concedidos con todos los trámites legales y jurídicos a la empresa canadiense, cooperativa que el Ministro de Minas declaró como “ilegal”, pues no puede apoderarse de concesiones que pertenecen a una entidad legal, además que aquélla inclusive carece de personería.
Se observa, en todo caso, que la falta de garantías para hacer inversiones en el país continúa en práctica a raíz de disposiciones poco pertinentes que rigen desde hace años y que frenan importantes inversiones “no de patrones sino de socios”, como reza la consigna oficial. De ahí que la restauración de garantías materiales y políticas por parte de las autoridades del país podría, finalmente, devolver la tranquilidad no sólo a los empresarios sino a los campesinos indígenas, así como a todo el pueblo boliviano.
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