IX marcha camina a la deriva frente a amenazas y campañas en su contra

Han pasado ocho meses desde que la Policía Nacional interviniera con violencia la octava marcha indígena, dejando decenas de heridos. El caso no tiene avance procesal mientras la actual marcha de Tierras Bajas enfrenta nuevas amenazas en el mismo sector de Yucumo. Una campaña denunciada de desprestigio a sus dirigentes se ha iniciado desde filas oficialistas, mientras sectores sociales como los mineros han descartado su apoyo como se había anunciado anteriormente.

Los marchistas están en Chaparina, llegaron cubiertos de plásticos para diezmar la lluvia y pisando lodo, pero ese no es el principal problema, porque el bloqueo de Yucumo ha sido convocado desde el sector de los colonizadores y esto preocupa a los indígenas, tras el amargo recuerdo de la violenta represión de hace ocho meses.

“Estamos preocupados por lo que pueda suceder con los grupos organizados de los interculturales, pero esperamos que el Gobierno reaccione y se comprometa a dialogar con los indígenas”, dijo Pedro Nuny, diputado indígena representante de la marcha.

En Yucumo se prevé para hoy una contramovilización de colonizadores, tal como anunció a Erbol, el secretario Ejecutivo de la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo (Fepay), Adriano Lovera. “La marcha que viene está en ‘agonía’ por lo tanto no dejaremos que pase por el pueblo, que vaya por otro lado (…) también iremos a Chaparina, pero no será un cerco, sino será una concentración en rechazo a la marcha”.

Pese a este contexto adverso, los casi 500 marchistas, realizarán en esta jornada un acto de desagravio en San Lorenzo de Chaparina, por el lamentable hecho producido el 25 de septiembre pasado, cuando los efectivos policiales bajo orden aún no establecida, procedieron a maniatar, golpear y “capturar” a casi 200 hombres, mujeres y niños que se encontraban en un campamento, preparando la comida de la tarde.

Dentro de las investigaciones sobre este caso, el Ministerio Público sólo dictó detención domiciliaria para el general de Policía, Oscar Muñoz y declaró implicación del exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán. Mientras que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien es acusado por los propios indígenas de ser el responsable directo del mando, no tiene mayor implicación, de acuerdo a la Fiscalía.

El comandante interino de la Policía, Víctor Santos Maldonado, quien estuvo en la región durante los días de mayor tensión durante la octava marcha en defensa del Tipnis, podría ser citado en las siguientes semanas.

En contraste, el apoyo de la población en el oriente boliviano es evidente, tal como sucedió en Trinidad a la partida de la movilización el 26 de abril y también en San Borja, donde recibieron víveres y respaldo moral. En cambio, existen sectores, más allá de los aliados al gobierno, que han descartado ser parte de la movilización, como es el caso de los mineros.

El secretario de conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) Edgar Mejía, observó el pliego de los marchistas y pidió a la Central Obrera Boliviana (COB) no apoyar a los indígenas de Tierras Bajas, situación que representaría un golpe a las aspiraciones de los marchistas.

“Tenemos cuatro observaciones: Piden modificar el artículo 349 olvidando que el Estado es dueño de todos los recursos naturales; plantean control social olvidando que ya existe ese mecanismo en el sector minero; quieren conformar empresas comunitarias; piden anular contratos mineros y del sector de hidrocarburos”, dijo Mejía.