ANP advierte riesgo de una intervención estatal a medios

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó su pleno respaldo a políticas que busquen beneficios y protección para los trabajadores de la información, sin embargo, ante el anunciado anteproyecto de Ley de Seguro para Periodistas, la entidad observa el riesgo de una paulatina intervención estatal que va contra los preceptos constitucionales, al confiscar el 1 por ciento del ingreso de los medios privados para la administración central.

El director ejecutivo de la ANP, Juan León Cornejo, explicó que todos los asociados a la entidad que agrupa a más de 20 medios escritos de todo el país, están comprometidos para dar las mejores condiciones para sus trabajadores y periodistas, sin embargo, la forma de proceder de las autoridades gubernamentales fue cuestionada pues desde el anuncio de la creación de un seguro de vida, dentro de los planteamientos de la denominada cumbre plurinacional, hasta la presentación del anteproyecto por una federación departamental, no se consultó en ningún momento con la entidad.

“La ANP expresa, sin embargo, su profunda preocupación por el hecho de que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto y, en consecuencia, tampoco se la ha convocado a diálogo alguno sobre el tema. Desconoce, por tanto, cuáles pueden ser las características específicas del mencionado proyecto”, afirmó León Cornejo.

La última reunión de socialización del anteproyecto que se trabaja en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados será el día 30 y hasta el momento la entidad que representa a los medios independientes no recibió ninguna invitación para participar y exponer sus observaciones.

Una de ellas sería la inminente intervención estatal, porque después de tener control sobre los ingresos económicos, se podría pasar a los contenidos mediáticos e informativos.

“El control de ese fondo extraordinario, al parecer, estaría a cargo de un consejo integrado por tres ministros de Estado y representantes de las organizaciones sindicales de trabajadores de la prensa. De hecho, esa característica de representatividad implica, a juicio de la ANP, una intervención estatal en el manejo de recursos financieros que son de propiedad privada”, citó.

La referencia es evidente por la petición del anteproyecto de obtener el 1 por ciento de los ingresos totales de los medios de comunicación para conformar el fondo que administrará el Estado y los sindicatos. Empero, León Cornejo, sostuvo que este acto está reñido con la Constitución Política del Estado (CPE) además que existe un vacío en la norma, porque no se conoce la cuantía de afiliados, trabajadores, periodistas o productores independientes del gremio.

Los casos de inseguridad ciudadana registrados en los últimos cuatro meses, y que afectaron directamente a periodistas bolivianos, fueron el inicio de la proyección del documento, siendo función principal del Estado y el gobierno de turno, velar por la seguridad de los ciudadanos, más allá del gremio o trabajo que se efectúe individualmente.

La susceptibilidad en la entidad también fue reflejada, porque con los antecedentes citados, no existiría un panorama concreto para la aplicación de l beneficio. “Existen además antecedentes de corrupción como en el caso del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focsap)”, agrega.