EEUU identifica problemas en el respeto a los DDHH en Bolivia

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) presentó ayer su informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en el 2011, donde identifica las mayores dificultades que atraviesa Bolivia en esta materia.

“Los principales problemas de derechos humanos reportados fueron la privación arbitraria o ilegal de la vida, arresto o detención arbitrarios y la denegación de un juicio público justo”, señala el informe estadounidense compuesto por siete secciones que detallan caso por caso los problemas en derechos humanos ocurridos en el país.

El documento difundido por ANF, además, identifica otros problemas en esta temática donde están incluidas “las duras condiciones penitenciarias, la corrupción oficial, la falta de transparencia en el gobierno, la violencia y la discriminación contra la mujer y la trata de personas”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe difundido ayer hace mención a los casos de Leopoldo Fernández, la muerte de David Olorio y el subteniente Poma, las prácticas de corrupción que se ejercen en diferentes niveles de Estado, la discriminación, los derechos laborales y otros.

Entre los casos que son detallados por el gobierno estadounidense se encuentran las muertes de dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y la Policía, en mayo de 2010. “El caso que involucra a miembros de la comunidad que capturaron y torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, afirma el informe.

Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.

Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz respectivamente.

“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), partido fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.

Otra sección del informe se aboca a la relación del gobierno con los medios de comunicación, en la que sostiene que si bien el “Gobierno generalmente respeta este derecho, mantuvo una relación antagónica con la prensa”.

Además, en este capítulo hace referencia a la “libertad de reunión pacífica y de la ley”, en la que cita la intervención policial que sufrió la VIII marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en septiembre del año pasado. De acuerdo al informe, el gobierno “generalmente respetaron este derecho en la práctica”, pero observa algunas particularidades.

“El 25 de septiembre, las fuerzas policiales en Yucumo, Beni, utilizaron gas lacrimógeno y otros métodos para disolver una marcha por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de su tierra. La Policía detuvo temporalmente a decenas de manifestantes, y algunos resultaron heridos en el incidente”, sostiene.

En la sección 3, el informe observa la “carencia” de documentos de identidad necesarios para sufragar en particular en las áreas rurales. En esa línea, EEUU se refirió a las elecciones judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre pasado, donde destaca los informes presentados por la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas que calificaron de “libres y justas” estos comicios.