Situación desesperada por incumplimiento aéreo

Ante el cúmulo de obligaciones pendientes con el Estado, con los trabajadores, pasajeros y demás acreedores se hace muy difícil la rehabilitación de Aerosur, operadora que hasta hace poco venía llenando importantes operaciones de transporte en el país y con respecto a algunas plazas del exterior. Durante algún tiempo operó casi con exclusividad ante la quiebra del Lloyd Aéreo Boliviano, hasta que surgió BOA con los privilegios de la protección oficial.

Los trabajadores, uno de los sectores más perjudicados, lamentaron que Impuestos Internos lograra retener el 100% de las recaudaciones de la empresa, impidiendo el pago de sus haberes por tres o más meses y la suspensión paulatina de vuelos, con lo cual son cientos los pasajeros perjudicados.

Esta situación se ha hecho especialmente dramática tanto para usuarios con fechas cerradas, como para los 1.200 empleados a nivel nacional, ante una marcada indiferencia de las autoridades a las que han recurrido, incluyendo el Defensor del Pueblo y los organismos de Derechos Humanos. La permanencia por varios días de los tenedores de boletos de vuelo en las terminales y las huelgas de hambre de los trabajadores a nadie han conmovido hasta el momento.

El incumplimiento de Aerosur perjudica a muchos pasajeros por la pérdida de sus trabajos en España y otros países, el abandono de familiares que los esperan y demás compromisos en el exterior. Tampoco se les devuelve el monto de pasajes pagados, lo que les imposibilita cambiar de línea aérea teniendo en cuenta que se trata de personas de limitados ingresos que viven de su trabajo.

Tan desesperada situación pone en juego la predica del Gobierno en sentido de favorecer a los más necesitados, siendo aun tiempo que dé testimonio de esa política y sin que signifique mucho sacrificio contrate un vuelo charter extraordinario a España, destino de la mayoría de los defraudados pasajeros. La ciudadanía recuerda los vuelos charter a Cartagena de Indias, a México y a otras latitudes financiados por el Gobierno para activistas, en ocasión de eventos políticos de su interés.

El panorama real para los trabajadores no parece ser otro que la vía judicial por quiebra fraudulenta, según sugieren las crecidas deudas de la empresa, la cesación de pagos y la suspensión de vuelos, aunque la ATT le hubiera concedido una mora de operaciones por 90 días. Si como se rumora la aerolínea no cuenta con inmuebles y se tratara de una sociedad anónima, no existirían posibilidades ciertas para que las acreencias por sueldos y beneficios sociales puedan ser solventadas, si bien les asiste prioridad legal para tales cobros.

El Ministerio Público diligente en evidente materia política, debería ya haber actuado sobre la vía penal por presunta mala fe de la quiebra. Esta situación rodeada de múltiples omisiones por parte del Estado y de los privados, lamentablemente repercute en el exterior dando una mala imagen de las empresas nacionales. Es una nueva experiencia aleccionadora en tan notorio rubro como el de aviación comercial que ojala no se repita.