Alrededor de 154 bienes se incautaron hasta 2006

Alrededor de 154 bienes involucrados con temas de narcotráfico han sido incautados desde 1989 hasta el 2006 en la urbe alteña por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), según asegura el informe 106/11 de la entidad al que tuvo acceso EL DIARIO.

Sin embargo, desde la mencionada gestión no se cuenta con la información de los decomisos efectuados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto.

El documento enviado por parte del encargado de registro del Enlace Jurídico en La Paz del Dircabi no detalla el tipo de bienes y sólo contempla que cuatro de estos casos se encuentran en “Auto de procesamiento” por la Ley 1008 Narcotráfico, aspecto que no tiene ninguna explicación o detalle.

Por su parte, el analista Iván Arias calificó el informe como escueto y poco trasparente al no brindar más detalle de las ubicaciones de los 154 bienes incautados por narcotráfico en la ciudad de El Alto y la situación procesal de los mismos, lamentando además que se oculte la información desde el Gobierno en perjuicio de la población.

“No es la primera vez que esta instancia relacionada a las labores de narcotráfico oculta información que debe ser de conocimiento público, más aún cuando en la ciudad de El Alto, de acuerdo a los recientes informes de la ONU presentados en el mes de marzo, se identifica un incremento del microtráfico de droga, pero no se habla nada sobre las políticas de rehabilitación que debe realizar el Gobierno Municipal y la Gobernación departamental. Por lo tanto, cuál es el resultado de los operativos de la Felcn si no se conoce la cantidad real de bienes incautados a la fecha y por qué el informe sólo habla hasta la gestión 2006”, cuestionó el entrevistado.

A la fecha, las autoridades del Gobierno Municipal de El Alto, la Gobernación y la mencionada institución policial no tendrían conocimiento de la cantidad real de bienes incautados a pesar de la urgencia de habilitar más de un centro de rehabilitación destinado a jóvenes y señoritas sometidas al flagelo de las drogas.

“Por lo tanto, es una muestra más de que el Gobierno no tiene políticas referidas a la lucha contra las drogas y menos para responder a la problemática de rehabilitar a una población que cada vez más disminuye la edad de incursionar en el consumo de estupefacientes y terminan en la calle inhalando clefa y sumándose a la generación de una mayor inseguridad ciudadana”, concluyó Arias.