Funcionarios públicos denuncian que son obligados a “socializar” la consulta

Una denuncia llegó hasta EL DIARIO manifestando que personeros del Ministerio de Comunicación estarían siendo obligados a distribuir material informativo sobre la consulta a las comunidades del Tipnis, bajo presión y sanciones administrativas. La ministra del área, Amanda Dávila, respondió calificando la sindicación como una especulación absurda, porque es función de su ministerio difundir las políticas públicas del Gobierno.

Una persona que trabaja dentro de esa cartera de Estado, cuyo nombre no quiso revelar por temor a represalias, denunció una supuesta presión por parte del Gobierno para obligarlos a “socializar” los beneficios de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, así como la ilegitimidad a la novena marcha y las supuestas alianzas entre la dirigencia indígena con los sectores cívicos de la derecha en el oriente del país.

Según la fuente, los empleados deben “estudiar” el contenido de los folletos para explicar el marco normativo de la consulta y sobre todo tratar de deslegitimar a la dirigencia de la novena marcha.

Quien hizo la denuncia explicó que al momento de recibir los fascículos, los encargados indicaron que “los funcionarios de este Ministerio, son parte del Gobierno”, por lo que “están obligados” a realizar el trabajo. “Al que se oponga o no lo haga, mínimo lo van a buscar para despedirlo, es lo que dijeron. No importa si estamos o no de acuerdo, igual nos van a obligar”, denunció.

En contacto telefónico con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, la autoridad respondió a la denuncia calificándola como una especulación que no ameritaría una nota de prensa, porque en su criterio es un “tremendo absurdo”.

“Este tema no tendría que tener carácter de denuncia. Distribuir material informativo es función del Ministerio y no necesitamos acudir a personas para distribuir (el material) y aunque se hiciera es un tema de su propia atribución (…) Es un absurdo, porque no necesitamos sancionar ni pagar a nadie, es el absurdo más grande que he escuchado”, expresó.

EL DIARIO tuvo que acceder a uno de los folletos a través de una copia, pues la persona denunciante dijo que aún no tenía autorización para repartir la propaganda. “Nos han dado una cantidad de revistas y nos controlan que tengamos esa misma cantidad hasta el momento de salir a repartir las revistas. Luego si nos aumentan también nos controlarán esa cantidad”, dijo.

Finalmente, manifestó no estar de acuerdo en apoyar “una campaña tan sucia” en contra de los representantes de los comunarios de Tierras Bajas y la movilización indígena. “Es una campaña para lograr que la gente apoye la carretera y que no se apoye a la marcha”, aseveró.

Este medio de comunicación también tuvo acceso a un tríptico similar a los citados folletos, esta vez dentro del Legislativo. El papel contiene la misma información acerca del proceso de consulta, observaciones a la novena marcha indígena y ataques a sus dirigentes.

Mientras tanto, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Tejada, aseguró no tener conocimiento de los impresos, pero ratificó sus denuncias contra la marcha y los dirigentes indígenas.

“La marcha no es intocable. Ellos (los indígenas) no dejan de insultar al Presidente y hablan a nombre de los indígenas. Si el folleto es sólo informativo, no hace daño a nadie”, afirmó.