Medidas en perjuicio de La Paz

Bajo la premisa de defender los límites de la ciudad de La Paz avasallados por algunos municipios vecinos y, en especial, del Parque Nacional de Mallasa, se realizó la Asamblea Municipal del día 5 pasado. La resolución más importante es un referendo con objeto de que la decisión de los vecinos demarque en definitiva los límites de las jurisdicciones territoriales en disputa, consulta propuesta para el primer domingo de abril de 2013.

Es necesario ver hasta qué punto el Gobierno Central y sus dependencias puedan colaborar para la obtención de dichos objetivos. Sobre el avasallamiento del Parque de Mallasa, anteriormente la Policía se negó a intervenir en defensa del mismo, simplemente no acudió a los requerimientos de la autoridad municipal. Tal omisión se inscribe en la guerra de hecho declarada por el Gobierno a la Alcaldía Municipal paceña, ahora en manos del MSM, su ex aliado político.

La Asamblea paceña demanda ahora la protección del Ministro de Gobierno -así debe leerse-, al referirse a “la autoridad política”. Podemos adelantarnos a predecir que el indicado Ministro no moverá un dedo al respecto, pero su renuencia no será otra cosa que un desamparo a los paceños. Su autoridad está por encima de los mandos policiales y tampoco se inmutó cuando éstos se cruzaron de brazos ante el atropello del Sindicato Agrario de Mecapaca, ejecutor de la ocupación del referido parque.

Esta predicción se cumplirá mientras el Sindicato Agrario señalado protagonice los hechos. Por su parte el SERNAP se lavó las manos arguyendo que Mallasa además de Parque Nacional es Área Natural de Manejo Integrado, endosando su preservación al Gobierno Municipal.

En cuanto al indicado referendo, consideramos que la Corte Departamental Electoral -en manos del oficialismo- brillará por su indiferencia y dará la espalda a las solicitudes de la Asamblea paceña. En el momento, el oficialismo debe estar ocupándose, junto a los alcaldes municipales de Mecapaca, Ovejuyo y Achocalla, de la contraofensiva a las resoluciones mencionadas, sin que se descarte en los preparativos al propio Gobernador del Departamento, declarado adversario municipal.

Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas acaba de abrir otro frente antimunicipalista. Proyecta en el Presupuesto General 2013 las siguientes medidas: Los recursos de caja y banca no ejecutados por los municipios serán revertidos al Tesoro Nacional; el 20% de las Transferencias Adicionales del Estado a los municipios de las capitales de Departamento se destinará a proyectos del Gobierno Nacional; operará un débito automático a favor del Ministerio de Gobierno sobre los recursos municipales asignados a Seguridad Ciudadana, si en el plazo de seis meses no se los hubiere gastado, aparentemente para que ese Ministerio los emplee con la misma finalidad y, por último, se incautará el impuesto municipal a las empresas instaladas para su utilización por el Estado.

Por mucho que se invoque que todo presupuesto se invierte en un año y no en seis meses, como señala el Gobierno Municipal en relación con los recursos de caja y banca de la gestión financiera anterior, la determinación oficial está tomada. De nada valdrán los argumentos de inconstitucionalidad, ni el olímpico desconocimiento a la Autonomía Municipal y más aún de una “confiscación” de recursos destinados, razonamientos que fueron llevados a conocimiento público por la Alcaldía paceña y ratificados en la Asamblea indicada.

Por supuesto, las anteriores medidas serán dosificadas según los municipios estén bajo control del partido oficial o de la oposición. A los primeros se los verá de soslayo y como si no existiesen las medidas, mientras que a los segundos se les aplicará la ley al pie de la letra. La ciudad de La Paz será la primera en sufrir los embates y sus obras fuertemente afectadas. Tampoco tendrá a quién quejarse…