Delitos ambientales serán incluidos en Código Penal

Oruro, (EL DIARIO).- Los delitos ambientales serán incluidos en el nuevo Código Penal, que está en preparación entre los legisladores de Bolivia, para que ningún caso que atente contra el medioambiente quede al margen de las disposiciones legales.

La representante del Tribunal Agroambiental, Isabel Ortuño Ibañez, consideró que se trata de “preparar un nuevo cuerpo de delitos ambientales, para su discusión e implementación en el nuevo Código Penal”, con la participación de los jueces y fiscales, con el respaldo del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), la Liga de Defensa del Medio Ambiente y la Facultad de Derecho.

Para el efecto, también está participando el Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, analizar el proyecto de ley de procedimiento agroambiental, en una sesión, no es suficiente para llegar a conclusiones, sino el principio de un nuevo tema de debate que debe permanecer entre los magistrados y fiscales, expresó Ortuño.

El representante del CEPA, Clemente Paco, dijo que ese compilado de delitos ambientales tiene que estar en permanente debate en la gestión 2013 y, para ello, se ha previsto organizar talleres y seminarios, con la participación de los abogados, jueces y fiscales.

Consideró que, de la misma forma, se debe comprometer a la Universidad Técnica de Oruro, para la realización de cursos de formación de nuevos profesionales, con la identificación de los delitos ambientales, porque “se ha podido verificar que esta clase de temas, prácticamente son desconocidos entre los estudiantes y los profesionales de leyes”.

Uno de los problemas más críticos en Oruro, por ejemplo, es el de Kori Kollo, zona de explotación de oro, por parte de la empresa minera Inti Raymi, que hasta el momento no ha tenido un resultado positivo o negativo, acerca de la contaminación por el uso de cianuro en las piscinas de lixiviación.

La Coordinadora de Defensa de la cuenca de los lagos Uru Uru y Poopó anunció la realización de una denuncia ante organismos internacionales, porque hasta el momento, no se ha establecido una sanción contra la empresa, por una supuesta contaminación del medioambiente en la zona de Chuquiña.

Durante diez años, según Felix Layme, se ha reclamado la realización de una auditoría del medioambiente, pero el informe preparado “no explica si hubo o no contaminación, pero en los hechos, los comunarios de Chuquiña han sufrido las consecuencias de la contaminación”.

El asambleísta departamental, Eduardo Campos, consideró que ese caso no se puede tapar y, por el contrario, se debe denunciar a nivel internacional, y si hay necesidad de realizar una nueva auditoría, por los efectos de la explotación de oro en la provincia Saucarí del departamento de Oruro.

Los comunarios afectados rechazaron también la resolución biministerial que aprueba el informe de la auditoría ambiental, “sin ninguna sanción contra la empresa y tampoco existiría daño al medioambiente; eso nos preocupa y tal parece que las autoridades que deben velar por el medioambiente estarían demostrando una actitud muy complaciente con la empresa”.

La Coordinadora se declaró en estado de emergencia, porque ni siquiera se puede iniciar un proceso legal contra la empresa, ya que no existe un compilado legal ni el código de procedimiento, para que se pueda instaurar una demanda contra los responsables de la contaminación del medioambiente.

“En otras palabras, el viceministerio de Medio Ambiente está dando una certificación a la empresa que todo está bajo control y no hay ningún nivel de contaminación, pero la realidad, es totalmente diferente y, por eso, la postura de la Asamblea Legislativa Departamental y las instituciones de Oruro, es de no aceptar esa auditoría”, agregó Campos.