El Cairo.- Los islamistas y los opositores egipcios protestaron ayer por separado y dejaron claro sus posturas antagónicas de cara al referendo constitucional del próximo sábado, que gran parte de los jueces se niegan a supervisar, en medio de los esfuerzos para poner solución a la crisis.
Los alrededores del Palacio Presidencial en El Cairo volvieron a ser escenario de protestas contra el presidente egipcio, Mohamed Mursi, y contra el texto constitucional redactado por una asamblea de mayoría islamista y boicoteada por la oposición laica, informó Efe.
Los manifestantes derribaron parte de uno de los muros levantados por los militares frente al palacio, dejando el espacio justo para que las personas llegadas de las marchas desde distintos puntos de la capital pasaran al otro lado y alcanzaran la sede presidencial.
Ante un palacio de paredes pintadas con grafitis contra Mursi y resguardado por un cordón policial, los congregados cantaron lemas que pedían la salida del poder de Mursi y mostraron banderas de Egipto y fotografías de jóvenes revolucionarios fallecidos.
El manifestante Hazem Badia destacó a Efe que los Hermanos Musulmanes “gobiernan el país desde un punto de vista religioso, distinto al del resto de egipcios y atrasado, ya que no tiene ninguna relación con el progreso”.
En contraposición al ambiente liberal que reinaba en torno al palacio de Itihadiya, los islamistas volvieron a echar un pulso a los opositores y defendieron en las calles la política de Mursi y el proyecto de Constitución.
“No se puede luchar contra el Islam en Egipto. Queremos que se aplique la ley islámica y todos los que la rechazan son nuestros enemigos”, explicó a Efe el egipcio Adel Ali en la plaza de Raba Adauiya, en el distrito cairota de Medinat Naser.
Una multitud de hombres barbudos y un escaso número de mujeres veladas protagonizaron marchas en varias zonas del país para respaldar la nueva Carta Magna enarbolando banderas con versos coránicos y entonando lemas como “El Islam es la solución”, propio de los Hermanos Musulmanes.
Pese a que Mursi autorizó el lunes al Ejército para detener a civiles, la Presidencia aclaró ayer que el decreto no estipula que los civiles arrestados sean procesados ante la Justicia castrense.
Lo que parecen visiones irreconciliables entre los sectores ultraconservadores y los no islamistas volvieron a reflejarse en las calles, mientras persisten las dudas sobre la viabilidad del referendo.
El Club de Jueces, la principal asociación de la magistratura, anunció ayer que sus miembros no participarán en la supervisión de la consulta, según lo decidieron más del 90% de los magistrados.
El presidente de esta asociación, Ahmed el Zend, rechazó la nueva declaración constitucional promulgada el pasado sábado por Mursi por ser “una agresión a la libertad de los ciudadanos y a la sacralidad de la justicia”.
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