Recursos del seguro para periodistas podrían ser desviados hacia un programa de vivienda

Luego de la promulgación de la Ley que determina un seguro de vida para los trabajadores de la prensa, miembros del oficialismo admiten que los recursos de esta norma podrían extenderse a un plan de vivienda, para lo que no descartan un incremento en el aporte de las empresas privadas, que se establecería a través del reglamento de la normativa. Sin embargo, también piden que sea el Ejecutivo quien cubra con el financiamiento de este nuevo plan.

La norma recientemente promulgada establece que las empresas privadas aporten con el 1 por ciento de sus ingresos brutos mensuales y los medios comunitarios, indígenas y productores independientes con el 0.25 por ciento. Estos aportes serán destinados a un fondo común, que tendría que cubrir el seguro de vida para los periodistas.

El artículo 7 de la normativa cita en el parágrafo III: “Los excedentes del fondo, una vez cubiertos los costos del seguro privado de invalidez permanente por accidentes, enfermedades en general y otras causas, podrán ser destinados para cubrir otros beneficios de carácter general para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, siempre y cuando sean sostenibles en el tiempo, debiendo ser determinados en el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley”.

El ente sindical del departamento de La Paz afirma que la utilización de este excedente, abre la posibilidad de financiar un plan de vivienda para los periodistas y que será esa figura la que será plantada en el proceso de reglamentación.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) apoya esta propuesta y además no descarta un incremento en el porcentaje de aportes de los medios de comunicación, para que este fondo común “alcance” a financiar tanto el seguro de vida para periodistas como el “plan de vivienda”.

“Un incremento es una posibilidad, pero primero hay que conocer cuánto se va a obtener con estos recursos. Es un derecho que los periodistas tengan su casita, el Gobierno está obligado a cooperar o quizá las empresas, pero hay que debatirlo”, dijo el senador Julio Salazar (MAS).

“Si el caso amerita, hay que dividir el fondo para que alcance también para un plan de vivienda. Se puede establecer a través del reglamento de la ley, una manera paulatina de obtener ese dinero que haría falta, ya sea a través de las empresas o del Gobierno que siempre ha estado dispuesto a colaborar con este sector”, afirmó por su parte, el diputado Rodolfo Calle (MAS).

Sin embargo, el senador René Martínez (MAS), no coincide con sus correligionarios y pide que la ley se respete, con los alcances con los que se estableció desde un inicio.

“Se debe respetar los alcances de esta norma, que es solamente sobre el seguro de vida, no se podría confundir con otra cosa. Se tendría que debatir en otro proyecto de ley, esta ley tiene un objeto concreto y es cumplir estos propósitos del seguro de vida. Si se habla de otra reivindicación, habrá que discutirlo en otro proyecto de ley”, señaló.

Los sectores que representan de la prensa en el país denunciaron en su momento, el riesgo que existiría respecto a quiénes controlarían el manejo de estos recursos. La norma determina que éste se realice, a través de la creación del Consejo Directivo que estaría conformado por representantes de diferentes ministerios del Estado y organizaciones presuntamente afines al Gobierno, aspecto que creó susceptibilidad en los organismos que representan a los medios de comunicación.

Para el diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, las empresas privadas deberían definir internamente, después de una evaluación de los recursos humanos, la forma de otorgar mejores condiciones a sus empleados, porque algunas empresas generan más recursos y otros menos.