Los diputados representantes de El Alto solicitaron al presidente de la Asamblea Legislativa y al Fiscal General del Estado, que el caso de la red de corrupción sea investigado mediante una comisión especial y mixta para que todas las autoridades implicadas sean investigadas, según explicó Roberto Rojas, representante alteño.
“Todos los servidores públicos que sean implicados, incluyendo ministros, deben ser investigados. Como Brigada parlamentaria de La Paz, mediante la minuta de comunicación que se ha entregado, se solicita celeridad en el proceso de investigación de la red de corrupción y soborno”, afirmó.
Para Rojas las comisiones mixtas conformadas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional debieran convocar e investigar hasta definir los niveles donde se inicia o enraíza la red de corrupción.
“De seguro que existen muchos ministros que van a caer o perdón, muchos fiscales, jueces, por lo que es importante el avance de la investigación”, dijo Rojas.
Según la versión del entrevistado, si bien la investigación de los niveles de corrupción está en manos del Poder Judicial, hata ahora no se propuso el retorno del exministro de Gobierno Sacha Llorenti, ya que gran parte de los funcionarios implicados en la red de corrupción trabajaron en su gestión.
“Eso le corresponde a la comisión especial del Ministerio Público, quienes con ocho fiscales es la instancia y competencia en investigar, nosotros lo que decimos es que se investigue y caiga quien caiga debe ser sancionado, con la finalidad de evitar los privilegios”, argumentó Rojas.
De acuerdo con el Presidente de la Brigada alteña, la red anticorrupción debe ser sancionada como en el caso de Santos Ramírez y la red de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien siendo el segundo hombre del Movimiento al Socialismo (MAS), recibirá en los próximos días la sentencia ejecutoriada para cumplir su sanción en la cárcel.
Además, Rojas manifiesta su esperanza de que el partido de Gobierno pueda madurar en cuanto a la administración de recursos públicos y evitar que nuevas redes de corrupción y soborno se vuelvan a re-articular, aplicando un antecedente con los actuales implicados que surgieron en el Ministerio de Gobierno.
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