Ausencia de valores abre caminos de la corrupción

Paralogizados, incrédulos, heridos en lo más sensible de los espíritus se han sentido muchos bolivianos con las revelaciones sobre hechos de corrupción protagonizados por quienes desempeñaban importantes funciones en el Poder Judicial y en el Ministerio de Gobierno.

Funcionarios que hicieron escarnio de la justicia, que manejaron el concepto de autoridad tan sólo para desplegar insanías y ambiciones, que los llevó a los actos más censurables en contra del país y del mismo Gobierno al que, se entiende, debían servir.

El presidente Morales, desde el inicio de su gestión en el año 2006, anunció que lo prioritario de su gobierno sería la implantación de políticas de cambio; es decir, cambios en la forma de manejar las dependencias públicas del Estado, en el comportamiento de la burocracia gubernamental y, sobre todo, en los procedimientos que habían sido negativos para el país en muchos gobiernos del pasado. Sin embargo, todos esos propósitos no se han cumplido del todo, sea por lo que implicó el desconocimiento de principios de administración, la falta de gestión y la ausencia de efectividad funcionaria, a más de la inexperiencia demostrada por quienes cooperaron con el entorno presidencial y con los ministerios.

La verdad es que poco o nada se hizo por frenar los desbordes de corrupción que empezaron a aflorar en el panorama político oficial, salvo pequeños ejemplos de quienes han terminado en las cárceles, pero que, en su conjunto, resultan nimios comparados con los extremos a que se ha llegado y que en los últimos meses significa que algunos funcionarios encargados justamente de la interpretación, aplicación y cumplimiento de las leyes han prostituido su propia conciencia y han desarrollado sinvalores en beneficio propio, han deteriorado totalmente la confianza popular y han causado serios daños al prestigio no sólo del régimen gobernante sino del país mismo.

Si bien hubo propósitos para combatir a la corrupción, hay un espacio que se ha dejado librado a la incapacidad moral de quienes deberían demostrar virtudes en el ejercicio de funciones; es decir, no hubo preocupación en el Gobierno por los valores morales de su personal que debería ser cumplidor y defensor de la justicia que impere en los destinos de la nación. No hubo preocupación por investigar la capacidad y calidad de quienes se contrató; se los dejó librados a su albedrío.

¿Cuánto se hubiese conseguido si en el funcionamiento gubernamental se demostraba parquedad en los gastos, corrección absoluta en los procedimientos evitando viajes, gastos dispendiosos, reuniones y convocatorias a adherentes que implicaron serias demandas financieras que luego se las cargó a las arcas del Estado?

¿Cuáles serían los resultados, a siete años de gobierno, si se hacía gestión, se administraba debidamente, se garantizaban las inversiones y se promovía el trabajo y la producción de riquezas que generen empleos y amplíen las fronteras económicas del país?

La corrupción es, generalmente, el resultado de procedimientos indebidos, de políticas donde no se cuida los valores y menos se los incrementa; corrupción es, dígase lo que se quiera, el complot de la ineficiencia que se hace traición y engaño a los intereses de mayorías confiadas a un régimen. Que haya habido buenas intenciones proclamadas desde enero de 2006, nadie duda; pero, que se haya descuidado su cumplimiento, es algo que pesa gravemente en la moral del pueblo y que, de todos modos, daña al Gobierno y a todo lo bueno que pudo haber realizado.

Kung-Tse (Confucio) expresó un concepto que caló muy hondo en la conciencia de los chinos: “Mentes corruptas traicionan a los pueblos”. A esto habría que añadir que si no hay virtudes no puede haber valores ni aciertos porque los malos comportamientos implican su práctica, ya que obnubilan a quienes, teniendo poder, voluntariamente o no, ingresan en el sendero de permitir la corrupción porque, en su trascendencia, se los consigna en la historia como maestros de los vicios.

El Gobierno, más que nunca, está obligado a continuar investigaciones respetando la justicia y derechos de víctimas afectadas y poner orden moral en todas sus dependencias; está impelido a llevar a los estrados judiciales -previa depuración de los mismos- a quienes han violentado las leyes y han traicionado al propio régimen y al país.