Oficialistas no se “inmiscuyeron” en estos seis meses, porque el caso se ventila en la justicia ordinaria
Con la excusa de que el oficialismo no tomó cartas en el asunto, porque la acusación sobre presunto abuso sexual a una menor que pesa sobre el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Justino Leaño, ya se encontraba en el Ministerio Público, los oficialistas asumieron un nuevo discurso tras seis meses de silencio en un caso que incluso llegó a afectar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, con anuncios de procesos por incumplimiento de deberes.
La diputada oficialista Marianela Paco (MAS) expuso la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Penal para aclarar el silencio de su bancada, ante un hecho de mucha sensibilidad para la sociedad. “Ningún individuo puede ser juzgado dos veces por la misma causa, el diputado Leaño está siendo juzgado por la vía ordinaria y nosotros no podemos inmiscuirnos, no es nuestra competencia, porque podríamos incurrir en el delito de usurpación de funciones”, dijo.
Las recientes denuncias del dirigente político Amilkar Barral sobre una supuesta huida del país de Leaño, tras haber cobrado su salario del último mes, calaron hondo en la bancada oficialista más aún cuando se anunció un proceso por incumplimiento de deberes contra la titular de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, pues el opositor remitió las notas respectivas a la Comisión de Ética, a la presidencia de Diputados e incluso al presidente Evo Morales.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Ética, Evaristo Peñaloza, dijo que este lunes se cumple el plazo para que el cuestionado diputado suplente por Potosí se presente a brindar su declaración sobre otro proceso que se le sigue, por supuesto tráfico de influencias.
El diputado oficialista y miembro de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia, Javier Zavaleta, ya se manifestó por el “extraño silencio” de sus correligionarios e incluso se animó a advertir procesos penales si se comprueba la fuga de Leaño, más aún cuando existe una sentencia en su contra.
En tanto, sobre las advertencias de juicios, Delgado dijo no temer porque se enmarcó dentro de los procedimientos legislativos correspondientes y aclaró que Leaño no cuenta con ningún permiso especial, menos de dos meses de duración, como se manejó en la semana.
“El diputado ha presentado una solicitud de licencia de dos meses, hemos rechazado la misma, porque no corresponde y porque no existe inmunidad parlamentaria, es decir, que cualquier diputado sea de oficialismo o de oposición tiene que rendir cuentas ante la justicia y sin ningún tipo de licencia”, sostuvo.
Sobre el caso de la pérdida de mandato de la diputada suplente de Alianza Social (AS) Elizabeth Soto, el titular de la Comisión de Ética, explicó el marco legal que se asumió para hacer esta, que se convierte en la primera separación de una legisladora desde la instalación de la Asamblea Legislativa en 2010.
“Como Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, queremos aclarar a la opinión pública, que en el caso de la diputada suplente Elizabeth Soto, ya se ha emitido el fallo que dictamina su destitución y un proceso no pude parar una sentencia ejecutoriada”, sostuvo Peñaloza.
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