Opositores prefieren expertos por áreas para ejercer Control Social

La Ley de Participación y Control Social determina una serie de funciones a las organizaciones sociales, entre ellas la intervención directa en el Órgano Judicial, control de calidad de los servicios básicos, control de los manejos de recursos del Estado y otras labores, que según los sectores políticos de oposición requieren de expertos para desempeñarán estas funciones. Afirman que los organismos no pueden tener responsabilidades que no estén establecidas en la Carta Magna. Por otro lado, se pone en riesgo la transparencia con la se ejercerá el control social ya que éste se definirá mediante usos y costumbres indígenas ancestrales.

La senadora por Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzáles, manifestó que la fiscalización y el control en las instituciones del Estado, deben ser realizadas por personas expertas en los diferentes temas, o en su defecto los legisladores.

Hasta la fecha, cerca de 20 organizaciones sociales participaron de la socialización de esta norma y debatieron los detalles de ésta. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran divididas, ya que al interior hay grupos que apoyan al Gobierno y otros que no. Por lo tanto, quienes no son afines al Ejecutivo denuncian que no fueron convocados para desarrollar el análisis de la normativa, mientras que el resto asegura que esta ley es necesaria.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Participación y Control Social, los organismos gozarán de autonomía e independencia, ya que tendrán capacidad y actuar sin subordinarse a ningún Órgano y/o del Estado.

Podrán proponer proyectos normativos y apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de leyes. Tendrán potestad para elaborar informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la CPE.

Tendrán injerencia directa en el Órgano Judicial y la Fiscalía del Estado, se pronunciarán con carácter vinculante en el inicio de procesos.

Por otro lado, tendrán capacidad de controlar la calidad de los servicios básicos y su funcionamiento. En caso de descubrir un mal servicio hacia la ciudadanía, podrán realizar las demandas correspondientes.